Recientemente, el Gobierno Milei ha aprobado los cambios a la Ley de Migración y Extranjería que modifican más de 56 artículos de la actual normativa y que permitirán perfeccionar materias relativas a causales de expulsión, revocación de permisos, sanciones por fomento o facilitación del ingreso regular al país y nacionalización. 

Tal como recoge la web del Servicio de Migraciones, entre las facultades que tendrá dicho servicio, el proyecto ampliará las causales de expulsión contra personas involucradas en delitos como violencia intrafamiliar, explotación sexual, sicariato, uso y porte ilegal de armas, entre otros, para resguardar la seguridad pública e impedir que personas extranjeras con antecedentes penales residan en el país. 

El proyecto también establece fuertes sanciones para personas, empresas y medios de transporte que fomenten y faciliten la entrada irregular al país desde la zona fronteriza hacia el interior del territorio nacional, con especial foco en la prevención de la trata de personas y el trafico ilícito de migrantes. En caso de reincidencia, los medios de transporte, que trasladen personas sin la documentación requerida, podrán ser incautados y cancelados sus permisos.

Asimismo, el Servicio Nacional de Migraciones podrá revocar permisos migratorios a aquellas personas extranjeras que tengan condenas por faltas reiteradas ante juzgados de policía local por ruidos molestos, riñas y comercio ambulante, como una medida para promover la convivencia armónica en los barrios y espacios públicos.

El proyecto, que fue aprobado de forma transversal por las distintas bancadas, también considera la creación de protocolos de protección para la niñez migrante en la zona fronteriza y de identificación para sus procesos de residencia, a cargo de los Tribunales de Familia y el Registro Civil. 

En cuanto a los requisitos de nacionalización, la modificación incrementa el periodo de residencia de cinco a diez años y exige una prueba de conocimientos para los solicitantes. La normativa establece, además, causales específicas para el rechazo o revocación de la nacionalización en casos de delitos graves, abordando así un vacío en la normativa actual.