"En Madrid se ha hecho lo correcto", ha dicho Dancausa
La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid ha comparecido por el caso de las menores tuteladas prostituidas. Concepción Dancausa ha defendido la actuación del Gobierno regional en el caso de las menores prostituidas por una red que las explotaba sexualmente y las obligaba a drogarse. Dancausa ha señalado que no hay un caso en Madrid como en Valencia o Baleares porque las menores tuteladas afectadas son víctimas de la trama desarticulada y porque las vejaciones y delitos las sufrieron fuera de los centros de protección y no dentro. ¡Vaya consuelo, señora Consejera!
📑 La Comunidad de Madrid va a realizar una auditoría sobre el sistema de protección de menores en la región.
— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) February 3, 2022
🗣 La consejera @ConchaDancausa ha anunciado la puesta en marcha de un plan de choque para impulsar el acogimiento familiar.
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"En Madrid se ha hecho lo correcto", ha dicho Dancausa. El centro denunció los hechos inmediatamente. Hemos colaborado con todo el proceso judicial, con la Policía, los Juzgados y la Fiscalía. Enviamos un escrito solicitando toda la información disponible y personándonos como acusación particular. Hicimos una inspección de urgencia al centro (Picón de Jarama), yo misma lo visité el 17 de enero y hemos contestado al Defensor del Pueblo. Hemos antepuesto la defensa del interés superior del menor a otros intereses, lo que contrasta con el doble rasero de la izquierda", ha manifestado.
Según El Mundo, respecto a la negación inicial por parte su Consejería sobre el número conocido de menores implicadas en la operación, Dancausa ha dicho: "Si Delegación (del Gobierno) no lo sabía, ¿cómo quieren que lo supiéramos nosotros?". Asimismo, Dancausa ha insistido que la seguridad de las menores tuteladas fuera de los centros de protección corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), cuya coordinación es de la delegada del Gobierno, Mercedes González, contra la que ha cargado. "La Comunidad ha cumplido con su obligación de protección, pero ha faltado la protección fuera", ha reiterado.
Compararse con los casos de abusos en Valencia a 175 menores o en Baleares a 15 no debería ser la solución para justificar que en Madrid 10 menores de entre 14 y 16 años fueran sometidas a consumo de drogas, agresiones sexuales y explotación, incluso en narcopisos. La mafia las ofrecía a los toxicómanos que acudían a esas viviendas a comprar sus dosis. Argumentar que los abusos los han sufrido fuera de los centros deja al descubierto esas políticas de protección a la infancia de las que tanto hablan unos y otros cuando se da el caso. Aquí, señora Dancausa da la sensación de que esa "defensa del interés superior del menor a otros intereses, lo que contrasta con el doble rasero de la izquierda", que usted ha argumentado en su defensa brilla por su ausencia. Lo que ha ocurrido es que 10 niñas -dentro o fuera de un centro de menores- han sido desprotegidas por la administración y como consecuencia han terminado explotadas por una red de tráfico de personas.