En el caso de Pilar Pérez, le han embargado parte de su pensión por las deudas acumuladas de agua de una inquilina que no paga el alquiler desde 2020. 

Pilar alquiló su piso en la zona de Os Mallos, en La Coruña, por 370 euros mensuales. Aunque la Justicia dictó inicialmente una orden de desahucio a favor de la propietaria, la medida quedó suspendida tras la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020. La inquilina solicitó ser reconocida como persona vulnerable, un estatus que, según Pilar, no se sostiene en la actualidad. «Rechazó un piso social que le ofrecieron porque su hija quiere quedarse en esta zona», denuncia la propietaria, que además debe asumir los gastos de suministros de su inquilina.

En el caso de Lucía Ares, compró un piso en Vilaboa, Culleredo, como inversión. Desde 2022, sus inquilinos dejaron de pagar los 525 euros mensuales acordados. Lucía, que aún está pagando la hipoteca de esa propiedad, explicó que la vivienda en la que reside es compartida con su pareja y que no posee más bienes. Aunque denunció el caso, los impagos quedaron protegidos por la misma legislación al ser su inquilina declarada persona vulnerable.

agua

Tanto Pilar como Lucía afirman que no pueden ser "el escudo social de nadie", dado que no sólo no perciben ingresos por sus propiedades, sino que deben lidiar con embargos y deudas que complican aún más su día a día. 

Desde Aprovij, la asociación que agrupa a propietarios afectados por situaciones similares, han solicitado una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Exigen una revisión de la normativa vigente, que califican como «inconstitucional». Según la asociación, «la suspensión de desahucios perjudica gravemente a los propietarios, que no solo no pueden recuperar sus viviendas, sino que deben soportar costes derivados del incumplimiento de los inquilinos». También piden que el Gobierno asuma los costes de estos perjuicios y plantee soluciones para desbloquear procesos judiciales que, según ellos, parecen interminables.

Mientras, ya está en el Senado la nueva ley ‘antiokupa’ con la que los desalojos exprés prometen ser un instrumento eficaz para proteger los derechos de los propietarios, reduciendo los plazos y eliminando trabas burocráticas. Pero, Por un lado, asociaciones de derechos sociales advierten que la falta de estudios de vulnerabilidad podría dejar a personas en situación de exclusión social sin alternativas habitacionales. Por otro lado, hay quienes consideran que la reforma no aborda de manera integral la raíz del problema, que incluye desde la falta de vivienda accesible hasta la desigualdad económica.