Alcoa ha recibido este jueves el varapalo que merecía. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha decretado nulo el ERE que afectaba a 524 empleados de la planta de San Cibrao en Cervo (Lugo) por apreciar “mala fe” en las negociaciones por parte del fabricante de aluminio estadounidense. Sin embargo, esto podría no bastar para evitar el cierre y los despidos… recuerden lo que pasó en el caso de Coca-Cola hace unos años y su largo conflicto laboral.

El alto tribunal gallego ha ordenado a Alcoa la readmisión de los 524 empleados en la planta de San Cibrao (o también llamada San Ciprián), la única de aluminio primario que queda en España, y que les abone los salarios que les adeuda desde la fecha del despido. El vicepresidente económica y consejero de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, lo considera una “buena noticia para 524 familias” y espera que Alcoa “vuelva ahora a la senda del diálogo”, “debe rectificar y trabajar en la venta de la planta, sobre todo sabiendo que hay un operador dispuesto a invertir y que quiere mantener la actividad”. 

Fuentes de la compañía han señalado a Europa Press que estudiará la sentencia y avanza que “la necesidad de reestructurarla persiste”. Pero por mucho que digan los tribunales, parece que Alcoa está dispuesta a marcharse por las pérdidas del negocio, algo en lo que también han influido los altos costes de energía. Precisamente, para intentar paliar esta situación, esta semana, con dos años de retraso, el Gobierno ha aprobado el Estatuto electrointensivo, que beneficiará a 612 empresas que suman unos 300.000 trabajadores, pero en el caso de Alcoa llega tarde, ¡qué lástima! Y es que este Estatuto incluye unas ayudas a cambio de una serie de obligaciones y compromisos en eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, al tiempo que se mantiene la actividad productiva durante al menos tres años.

Si las multinacionales extranjeras se quieren ir de España, cerrando fábricas y echando trabajadores, tarde o temprano lo consiguen... eso sí, pagando más a los afectados. Ojalá en el caso de Alcoa haya una excepción

Y decimos que el varapalo judicial podría no bastar para cambiar los planes de Alcoa por el precedente de Coca-Cola, en concreto de su antigua embotelladora española, Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) -desde agosto de 2015 integrada en la ‘megaembotelladora europea’, Coca-Cola European Partners (CCEP)-. En 2014, CCIP anunció un ERE que afectaba a 1.191 personas y al final se saldó con 821 despidos, y el cierre de cuatro fábricas (Colloto, Palma de Mallorca, Alicante y Fuenlabrada -la que más resistió y mantuvo el conflicto laboral durante años-). La Audiencia Nacional dictó la nulidad del ERE y entre otras razones aludió a que la empresa vulneró el derecho de huelga en junio de ese año, meses después ordenó que se ejecutara la sentencia y se readmitiera a los empleados, y en abril de 2015, el Tribunal Supremo confirmó la nulidad de dicho ERE. Sin embargo, Coca-Cola se salió al final con la suya y cerró en noviembre de 2018 el largo conflicto laboral a golpe de talonario, vía prejubilaciones. 

Todo esto demuestra que si las multinacionales extranjeras se quieren ir de España, cerrando fábricas y echando trabajadores, tarde o temprano lo consiguen... pagando más a los afectados. Ojalá en el caso de Alcoa haya una excepción, aunque viendo el precedente de Coca-Cola hay pocas razones para el optimismo.