Abogados Cristianos solicita medidas cautelarísimas ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cáceres para que prohíba al Ayuntamiento de El Casar llevar a cabo la retirada de una Cruz.

La organización de Juristas asegura que “la Cruz no incumple -una vez más, como en el caso de Aguilar de la Frontera (Córdoba) o Brozas (también en Cáceres)- con la Ley de Memoria Histórica ya que no contiene ni ninguna inscripción”.

El hueco que dejará la Cruz será ocupado por una escultura que homenajee a los abuelos y abuelas. La cruz será ubicada en la entrada principal del interior del cementerio, y será visible al salir de la ermita hacia la zona de nichos.

La presidenta de la organización de juristas, Polonia Castellanos, asegura que “la decisión de retirar el monumento es puramente ideológica y, de llevarse a cabo, sería totalmente ilegal y causaría un daño irreparable”.

Denuncia que “lo que está ocurriendo en Cáceres es una auténtica persecución a los símbolos religiosos. Recuerda además que “ya existe jurisprudencia de varios Tribunales Superiores de Justicia de otras Comunidades Autónomas que obligan al mantenimiento o restitución de las cruces”. Destaca el caso de la Cruz de los Caídos del Monte do Castro en Vigo o la de Buñuel. En ambos casos, los Tribunales de sus respectivas regiones se pronunciaron a favor de mantener la Cruz.

La Sentencia del TSJ de Galicia sobre el monumento de Vigo dice textualmente “tras eliminar toda simbología franquista, la Cruz puede ser contemplada como un elemento religioso, aunque no fuera su significado originario, puesto que es evidente que se trata de una cruz latina”.

En el caso del monumento de Buñuel, el TSJ de Navarra va más allá y asegura que “en este momento lo que hay es un monolito de piedra, con una cruz, un escudo del Ayuntamiento de Buñuel, y una relación de nombres y apellidos, ni más ni menos […] El hecho de que conste una relación de nombres y apellidos correspondientes a personas fallecidas, en un monolito en la puerta de una iglesia, no implica, por sí solo, exaltación alguna del franquismo a los efectos señalados en la Ley 52/2007.

Por todo ello, Castellanos pide a la Justicia que actúe: “estos sectores laicistas de la sociedad que ponen como excusa la Memoria Histórica para destruir monumentos religiosos no pueden gozar de total impunidad”.