Tras presentar la Agenda 2050, en Moncloa todo pasa por la sostenibilidad y la resiliencia… pero la cosa no queda ahí y se quiere tener una corte de empresarios que arropen, aplaudan y alaben al Gobierno Sánchez. Por eso, las baterías apuntan ahora contra Antonio Brufau.

Conviene tener en cuenta que ni el presidente de Repsol (73 años) ni el de Criteria Caixa, otro de los objetivos del Gobierno, Isidro Fainé (78 primaveras, camino de 79) están dispuestos a retirarse porque así lo quiera Iván Redondo. El ideólogo del sanchismo quiere cambiar el concepto de la beautiful people socialista (elitista clan que surgió en la época del felipismo y estaba formado, entre otros muchos, por Miguel Boyer y Mariano Rubio) por otro más moderno: el de smart people. Es decir, quiere prescindir de la generación senior y, sobre todo, de los que sean de derechas.

Iván Redondo quiere cambiar el concepto de la beautiful people socialista por otro más moderno: el de smart people. Y poner al Ibex 35 a su servicio

Redondo busca tener al Ibex 35 a su servicio. De hecho, tras la llamada de Moncloa, algunos empresarios del selectivo español tuvieron que arropar a Pedro Sánchez en la presentación de la Agenda 2050, aunque no todos acudieron. Entre los que sí estuvieron presentes, se encontraba el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz (57 años y que cumplirá 58 el próximo septiembre), que es el verdadero interlocutor del Gobierno en todo lo que tiene que ver con cambio climático y descarbonización. Sin embargo, en Moncloa, no gustó nada que no acudiera Brufau.

Las desavenencias entre Brufau y el Gobierno no son un secreto, sobre todo, con la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Es cierto que Repsol también quiere luchar contra el cambio climático y apuesta por la descarbonización, pero defiende que se haga con sentido y teniendo en cuenta todas las tecnologías y las capacidades industriales. En la Junta de Accionistas de 2019, Brufau advirtió que España tenía objetivos más ambiciosos que Europa y que había que tener cuidado con los costes de ese ‘liderazgo’; hace unos meses, en la Junta, dio una lección climática a Ribera al señalar que confundir descarbonización con electrificación es un error.

En Moncloa no se andan con chiquitas y contra Brufau y Fainé han usado el ‘caso Villarejo’: la Fiscalía del Estado ha hecho suya la petición de Luis del Rivero de imputarles. Fainé ha respondido rechazando la OPA de IFM sobre Naturgy

En este mismo escenario, Brufau también cargó contra uno de los inventos de Ribera: el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Y es que consideró que “supone una importante y arbitraria barrera para la competitividad y el futuro de la industria”, que “quiebra el principio de equidad y de neutralidad tecnológica”. Un fondo que representa “un grave prejuicio para los consumidores” y ante el que “la mayoría de los sectores industriales hemos alzado la voz. Se ha llegado a decir que este fondo es un clavo en el ataúd de la industria”. De hecho, el pasado jueves, la industria advertía que con el FNSSE los costes subirán 2.650 millones de euros y podría afectar a 2,9 millones de empleos.

Claro que en Moncloa no se andan con chiquitas y contra Brufau y Fainé han usado el ‘caso Villarejo’. La petición de Luis del Rivero de imputarles la ha hecho suya la Fiscalía del Estado (o sea, la que dirige la exministra socialista Dolores Delgado). Eso sí, conviene destacar que Fainé no se ha quedado parado y ha decidido plantar cara, anunciando que CriteriaCaixa reforzará su participación en Naturgy (podría llegar al 29,9%), rechazando la OPA del fondo australiano IFM (que aspiraba a hacerse con entre el 17% y el 22,689% de la energética) y poniéndole las cosas más difíciles… Una oferta que, como saben, previsiblemente recibirá el visto bueno del Gobierno.

La Agenda 2050 también conllevará subidas de impuestos.... entre ellos, de los que gravan el diesel y la gasolina

La Agenda 2050 también conllevará subidas de impuestos… y esto también afectará a Repsol. En primer lugar, “se propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características”, recoge el informe. Un nuevo tributo que pedía la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) que gravará el uso, como en países de nuestro entorno, que podría “generar unos ingresos estables de 2.700 millones de euros, cuatro veces más que el ingreso por impuesto de matriculación de los últimos años”, según explicó José López-Tafall, director general de Anfac. Segundo, subirán los impuestos de diesel y gasolina… para adaptar los tipos a los de la UE-8 (Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia). Y tercero, modificará los impuestos especiales: elevará los tipos sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo. Parece una respuesta a las palabras de Brufau en la última Junta, donde que quejó de que el sector de los combustibles sufría ya cargas fiscales como ningún otro, pagando 200 euros por tonelada de CO2 emitida, lo que se traduce en más de 11.000 millones de euros anuales a través del Impuesto de Hidrocarburos.

Todo apunta a que Brufau, como Fainé, también plantará cara.