“Con los socialistas, la educación concertada no corre peligro”, decía la ministra de Educación, Isabel Celaá, a finales de marzo de este año. Casi cuatro meses después -y como ministra en funciones- ha retirado las ayudas para comedor y transporte a los centros que no sean públicos. Comienza así, y todavía con un presidente al que investir, la asfixia económica que tiene como objetivo hundir a la educación católica, que suele darse en centros concertados y privados.

Empezaba en mayo, sin perder tiempo tras las elecciones. Un peligroso precedente se hacía público al comenzar la 'expropiación' de las escuelas concertadas en Cataluña, aunque, en este caso, la hazaña corresponde a la Generalitat. Y es que los colegios que desde entonces lo deseen pueden optar a convertirse en centros públicos: “Es un primer paso voluntario, que una vez abierto, quién dice por qué razón no lo pueden hacer de manera obligatoria”, señala Juan Antonio Perteguer, director del colegio Edith Stein.

Cada alumno de la pública nos cuesta 5.436 euros frente a los 2.886 euros que nos cuesta uno de la concertada

Pues bien, continúa la guerra contra la educación católica por el sur, desde Infantil hasta Secundaria. Y es que el Ministerio ha sabido aprovechar la situación que vuelve a Ceuta y a Melilla dependientes directos del Estado -y no de la Comunidad Autónoma, como ocurre en el resto de las regiones-, que ha decidido quitar las becas a los centros que no sean públicos que se destinaban a comedores y al transporte.

Las Ciudades Autónomas se han convertido en el conejillo de indias del Gobierno, que tendrán que arreglárselas para sacar adelante a los colegios concertados y privados a los que el Estado machaca. Una jugada que, a la hora de rendir cuentas, no le viene nada bien al Gobierno, ya que cada alumno de la pública nos cuesta 5.436 euros frente a los 2.886 euros que nos cuesta uno de la concertada.