- Y sigue en curso el expediente sancionador que podría dejar sin concierto al centro, lo que le obligaría a cerrar.
- En el expediente a Carlos Martínez, utiliza los mismos argumentos usados por la fiscal, que no vio delito.
- La Comunidad de Madrid se acoge a la potestad sancionadora de la ley aprobada en julio.
- La misma norma que impone el homosexualismo y la ideología de género en las escuelas.
La presidenta madrileña,
Cristina Cifuentes (
en la imagen), da un paso más -tan significativo como sorprendente- contra el
colegio católico de Juan Pablo II (Alcorcón), utilizando -¡qué cosas!- el mismo argumentario de las mismas leyes que la propia Cifuentes ha puesto en marcha desde julio, las de
identidad de género y diversidad sexual.
El salto, esta vez, en la campaña de acoso y derribo de Cifuentes contra el centro, tiene el nombre de su director,
Carlos Martínez, a quien sanciona con 1.000 euros, con la
excusa -ya me entienden, hay que agarrarse a algo- de la
carta remitida en septiembre a las familias, en la que defendía -en lógica razonable- el
ideario católico del colegio ante la voluntad manifiesta de las normas madrileñas de imponer el
homosexualismo y la
ideología de género en las escuelas.
La Comunidad de Madrid se acoge a las sanciones que contempla la propia ley -por el uso de "expresiones vejatorias por razón de orientación sexual e identidad"- para imponer la multa al director del colegio Juan Pablo II.
Hace ya dos meses que la Consejería de Políticas Sociales y Familia abrió una investigación reservada por la carta de Carlos Martínez. Trasladó su contenido a la
Fiscalía, aunque ésta consideró que
no era constitutiva de delito. En otras palabras, no consiguió llevar a Martínez a la cárcel (es la pena que se contempla para los delitos de odio). Y sin delito, multa, como establece la ley madrileña.
Todo lo demás es
literatura barata, como quien dice, aunque bastante sorprendente. De lo que se acusa en el expediente administrativo presentado a ese buen señor, entre otras lindezas, es de haber comparado el "dogmatismo" de la ley con el "fanatismo terrorista".
"¡Qué despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones!", escribió Carlos Martínez en la carta. Por eso no deja de ser curioso que ahora se encuentre con eso mismo, una sanción, cuando lo que hizo no es otra cosa que defender los
derechos y libertades que contiene la Constitución española.
Obviamente, el director del centro tiene la posibilidad de presentar
alegaciones y recurrir. ¿Quién no haría lo mismo, si no viera pisado algo tan elemental como la libertad de pensamiento?
Tal vez a Cristina Cifuentes le vendría bien revisar el juicio a
Sócrates o el pensamiento de la filósofa alemana
Hanna Arendt sobre la banalidad del mal: la ausencia de reflexión sólo conduce a ser presa de una mentira colectiva, la manipulación o el adoctrinamiento.
Sería muy interesante saber qué pensaría Arendt de las leyes de Cifuentes. No se puede convertir una ley, bajo el pretexto de combatir los
delitos de odio, como un instrumento para una ideología (la de género o la homosexualista, en ese caso). La libertad de educación o el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones también son sagrados, algo de lo que no parece ser muy consciente Cifuentes.
En ese mismo sentido se expresaron los obispos madrileños en su
comunicado conjunto sobre la norma madrileña de título tan rimbombante como Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género. Ahí se atenta, entre otras, contra la
libertad religiosa, la
libertad de enseñanza o la
libertad de cátedra. No es poco.
¿Cuál será el siguiente paso, suprimir el concierto económico al centro? Es posible, pero también cabrá un recurso.
Rafael Esparza
