A ver si nos entendemos: el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), con sede en Pamplona, pertenece a la Universidad de Navarra, obra corporativa del Opus Dei. Esa es la clave para entender lo que está ocurriendo en la Comunidad Foral que gobierna la socialista María Chivite con sus socios de Bildu.

Al comienzo de la pandemia, el CIMA solicitó la homologación oficial para realizar test PCR, pero el departamento de Salud del Ejecutivo de Chivite no se la concedió hasta el 15 de abril, a pesar de los insistentes llamamientos de la OMS y de la comunidad sanitaria para realizar test masivos, como medida para controlar el virus. Unas semanas perdidas que, seguro, habrían ahorrado muchas muertes.

Pero eso no es lo peor. Tras la autorización -forzada por la presión de los medios de comunicación- el Gobierno socialista de Navarra ha impuesto una cláusula por la que el CIMA sólo puede realizar los test que les manden ellos y, miren por dónde, y con la que está cayendo, todavía no han encargado ni uno solo.

En definitiva, Chivite no deja que el CIMA haga test PCR (son test de alta especificidad, con una sensibilidad alta y con una capacidad de detección del virus muy precoz), a pesar de que el centro está recibiendo múltiples peticiones de empresas navarras para hacer pruebas a sus empleados, ahora que comienza la desescalada. El CIMA puede hacer unos 1.000 test al día.

“Sólo habrá test de diagnóstico para las personas que tengan síntomas”, aseguró Chivite el domingo, en el Diario de Navarra, para camuflar su sectarismo. Todo el mundo tiene claro que la clave para controlar la pandemia es la realización de test masivos. Para la socialista Chivite, sin embargo, sólo sirven los test progresitas.