Hispanidad le pregunta a María Pilar Allué, comisaria de la Policía Nacional y representante del Cuerpo en la rueda de prensa diaria del comité técnico contra el Covid-19, por qué razón la Policía Nacional interrumpió la celebración de los oficios de Viernes Santo (la Muerte de Cristo) en la Catedral de Granada y ordenó desalojar el templo. Sobre todo, cuando el decreto de alarma no obliga a cerrar iglesias, como en Italia y Alemania, sino simplemente a guardar la distancia debida, que se guardaba en la catedral de Granada, donde había una docena de fieles.

Parece molesta con la pregunta y entonces suelta las dos lindezas:

1. ”La normativa vigente no ampara ese tipo de celebraciones”. Ese “tipo” es el sacramento más importante para los católicos, es decir, casi el 70% de la población según el CIS.

Ojo, la normativa del estado de alarma no prohíbe la celebración de la eucaristía, pero sí exige mantener la distancia entre los fieles, cosa que se mantenía en la catedral.

2. Con idéntica cara de repugnancia, la comisaria Allué dio un paso más y añadió: “No fue la policía la que desalojó” sino los propios oficiantes que solicitaron a los oficiantes que lo hicieran. Señora comisaria, ¡qué cara más dura tiene usted! Lo que dijo el obispo de Granada, oficiante Javier Martínez, fue que impartía la comunión y que salieran todos a continuación, dado que la policía le había dicho que podrían ser detenidos.

En resumen, la policía no desalojó, sólo extorsionó al obispo asegurando que como no les echara e interrumpiera la ceremonia, detendrían, no a él, sino a los fieles.

Y lo hicieron, Allué, claro que lo hicieron: a la fuerza ahorcan sobre todo cuando se amenaza a los tuyos y no directamente a ti…

Expulsaron al obispo, Javier Martínez, y a los fieles, quienes, por cierto, cumplían a rajatabla la norma de “distancia interpersonal”

Repitamos los hechos: la Policía Nacional interrumpió ayer el oficio de Viernes Santo (donde no hay consagración pero sí comunión) que presidía el obispo de Granada, Francisco Javier Martínez. OK Diario publica un vídeo interesante, porque revela lo que podríamos resumir de esta guisa: he elaborado una norma que prohíbe la Eucaristía, un atentado contra el derecho a la libertad religiosa, pero no lo digo así: digo que sólo se puede salir a comprar o a trabajar y, por omisión, no a rezar o a recibir los sacramentos.

Hoy se cumplen 50 años de aquella famosa frase célebre, la pronunciada por un astronauta del Apolo XIII: “Houston, tenemos un problema”. Pues bien, la Iglesia Católica tiene un doble problema. Por una parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, José Luis Omella, así como el Nuncio del Vaticano en España, Bernardito Auza, continúan calladitos tras el atropello granadino. Ahora callan, puede que en un tiempo no les permitan hablar. Porque lo que el Gobierno quiere es cargarse la Eucaristía en España y sin Eucaristía no hay Iglesia.

Pero el problema es doble: los obispos no se enfrentan al Gobierno cristófobo y, ¡ay dolor!, a muchos fieles parece importarles poco el ataque contra lo más sagrado de su fe: la Eucaristía. A ver si nos convencemos de que no hay que buscar el martirio, pero el martirio puede llegar y entonces hay que afrontarlo.

El presidente de la Conferencia Episcopal, así como el Nuncio del Vaticano en España, continúan calladitos

Comprendo al obispo Martínez, chantajeado por la posibilidad de sanción y multa, si no detención, de sus fieles. Ahora no dispongo de tiempo, pero mañana prometo contar lo que en ocasión parecida hizo San Juan Pablo II.

Lo del Gobierno y sus lacayos, es lo que es: la legalidad por encima de mi conciencia y la manipulación de la ley como instrumento para hacer justo lo injusto.

Por cierto, tras responder a Hispanidad, en Moncloa salió a escena el ministro Marlaska, uno de nuestros peores ciudadanos. Tras la intervención de su comisaría, el titular de Interior aseguró que no se trataba de vigilar Internet, porque la “crítica es la que hace la democracia”. Sólo tutelan los mensajes para que no se incluyan en ellos “delitos de odio”. Es decir, para que a nadie se le ocurra decir aquello que el Gobierno no quiere escuchar. Podría ser… delito de odio.