El juez Manuel García-Castellón, juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, ha admitido a trámite la querella de César Areces Fuentes contra las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil, presidenta de El Corte Inglés y vicepresidenta de la Fundación Ramón Areces, respectivamente, así como contra la madre de ambas, María José Guil y contra el abogado Ramón Hermosilla y el fiscalista Ramón Blanco Balín.

Los abogados de César Areces consideran que el procedimiento de adopción por parte de Isidoro Álvarez fue “un fraude de ley” que tenía por objeto acogerse a la normativa de la Comunidad de Madrid, que prevé una exención del 99%.

En conclusión, el abogado de César Areces, recogiendo los cálculos de la Comunidad de Madrid, considera que las hermanas Álvarez, herederas de Isidoro Álvarez, adeudan al Fisco 900 millones de euros.

Fuentes internas de la Dirección General de Tributos de Madrid consideran curiosa la reacción del juez García-Castellón, quien ha incoado el procedimiento judicial solicitando un informe al fiscal sobre competencia sin practicar diligencia alguna… y en pleno cierre de los juzgados por la situación de confinamiento

Pero el asunto más preocupante es el que sitúa a la actual presidenta de El Corte inglés (ECI), Marta Álvarez, ante una posible pena de cárcel que, ojo, sólo si los tribunales aceptaran los hechos descritos y fallaran en su contra, podría conllevar una pena de prisión de 80 años, así como su lógica salida de la Presidencia de ECI.

¿Otro caso más de César Areces contra los grandes almacenes? Podría considerarse así si no fuera porque, según ha podido saber Hispanidad, el Gobierno de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, se personará en el caso para reclamar esa cantidad de dinero para el fisco madrileño.

Es más, las mismas fuentes del Gobierno autonómico aseguran a este periódico que no les ha gustado la actitud del juez Manuel García-Castellón (el mismo que lleva el caso Villarejo) dado que, en pleno cierre de los juzgados, -por tanto, el decanato responsable del reparto, también- y sobre una querella presentada en marzo, se hizo con el caso y, en lugar de hacer diligencias para decidir si lo admitía a trámite, solicitó un informe innecesario al Ministerio Fiscal para que decidiera si había indicios de delito y si la Audiencia Nacional era competente, lo que según la Comunidad de Madrid, resulta bastante absurdo. Por supuesto que es competente.

Y lo que más ha enfadado al Ejecutivo madrileño es que el magistrado no les haya invitado a personarse a la parte presuntamente damnificada: la Hacienda madrileña… cuando la propia querella incluía un ofrecimiento de acciones directo a la Comunidad de Madrid. En la Dirección General de Tributos se quejan de que el magistrado no les haya hecho llegar, ‘motu proprio’, la invitación a dicha personación. 

Las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil, presidenta de ECI y vicepresidenta de la Fundación, respectivamente, se enfrentan a una pena de cárcel de 80 años

Por otra parte, la querella de César Areces está dirigida también contra el abogado Ramón Hermosilla y contra el fiscalista, Ramón Blanco Balín. Este último, conocido como el asesor fiscal de las grandes fortunas madrileñas, ya ha sido condenado en los casos Gürtel y Bankia y está imputado en Lezo y Púnica.

Y a todo esto, ¿Dónde están María Antonia Álvarez y Dimas Gimeno? Recuerden que fueron ellos los primeros en reclamar la nulidad de la adopción de Marta y Cristina Álvarez Guil y ahora están desaparecidos en combate.