El peligro de derribo no acecha únicamente a la Cruz de El Casar, en la provincia de Cáceres. De hecho, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Cáceres contra el presidente de la Diputación de dicha región, D. Carlos Carlos Rodríguez.

La organización de juristas lo acusa de un delito de prevaricación (art. 404 CP) con el agravante de discriminación y otro delito de odio (art. 510 CP).

Abogados Cristianos asegura en su querella que “por parte de la Diputación de Cáceres se está presionando a diversos ayuntamientos para que retiren las cruces que hay en sus respectivos municipios. Presión que se lleva a cabo a través de vincular la concesión de subvenciones a dicha retirada”.

Denuncia además que “en fecha 18 de junio del 2018 se constituyó el Comité de Expertos de la Memoria Histórica de la Diputación de Cáceres. El día 29 de septiembre de 2018 se aprobó una partida de 100.000 euros para que este Comité elaborara un catálogo de vestigios franquistas en la provincia de Cáceres. Contraviniendo así la sentencia del TSJ de Extremadura 1133/2019, que dejó clara la incompetencia de la Diputación Provincial de Badajoz para la creación de un comité que hiciese un catálogo de vestigios; estableciendo, además, que la competencia la debía ostentar el mismo municipio dónde estuviesen dichos vestigios a través de su Ayuntamiento”.

Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos, asegura que “lo que está haciendo la Diputación de Cáceres es un ejemplo más de cómo gobernantes de partidos laicistas utilizan cualquier excusa para acabar con símbolos cristianos”.