Recordemos los últimos casos de 'cruzfobia' en España: en las últimas fechas han sido arrancadas o cuestionadas las cruces de Aguilar de la Frontera (Córdoba), Cáceres y El Casar (Cáceres). Y entre los casos más recientes el de la cruz de San Vicente de Montalt (Barcelona) cuyo alcalde, el independentista Víctor Llasera (JxSVM)​, ha retirado el monumento sin previo aviso. Otro cruzófobo.

La 'cruzfobia' avanza pues en España y -tal como publica Religión en Libertad- y desde hace tiempo pende también la misma amenaza sobre la cruz de la Dársena de Portu, en Baracaldo (Vizcaya). El órgano de la Memoria Histórica del ayuntamiento, gobernado por Amaia del Campo, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), propuso sustituirla por unos paneles que expliquen lo que sucedió allí. Y lo que sucedió allí fue que en sendas sacas del 25 de septiembre y del 2 de octubre de 1936 fueron asesinadas por los partidarios del Gobierno repubicano 92 personas, entre ellas 16 sacerdotes y religiosos, que se encontraban encarceladas en el barco Cabo Quilates, fondeado en la ría en el lugar donde hoy se alza la cruz. Habían sido detenidas por su real o supuesta simpatía con el bando nacional tras el Alzamiento del 18 de julio y padecieron dos meses de hacinamiento, hambre y malos tratos antes de su asesinato.

Al parecer querer mantener presente tales hechos choca contra la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que Pedro Sánchez quiere agravar con su Ley de Memoria Democrática para imponer una visión única y parcial de la reciente historia de España. 

Curiosamente el PNV, el partido mas clerical del siglo XX español.