La Confederación Católica de Padres de familia y Padres de alumnos (CONCAPA), que representa a más de 3 millones y medio de familias y con presencia en unos 3.000 centros educativos de toda España, ha enviado una carta a la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, en la que le piden «amparo» y llegar al Parlamento Europeo para denunciar la tramitación de la LOMLOE, más conocida como «Ley Celaá», tramitada en el Congreso en pleno estado de alarma.

La Concapa señala que el Ministerio de Educación pretende «imponer» su nuevo proyecto de ley «sin diálogo y consenso» y que con su contenido el Gobierno español «quiere introducir una nueva desmembración de España en los aspectos históricos, religiosos y de la enorme riqueza transmitida por nuestros mayores. Buscan un acelerado adoctrinamiento en tendencias claramente destructivas y controvertidas de la educación de los alumnos, nuestros hijos».

En la carta, enumeran también cómo y a quién afecta la vulneración de derechos que denuncian: a la gratuidad de la enseñanza obligatoria, a la libre elección de las familias o la inversión y los recursos educativos.

A la Concapa se ha unido la Confederación Española de asociaciones de antiguos alumnos de la enseñanza católica (CEAAAEC), con presencia en más de 300.000 centros educativos de todo el mundo y que engloba algo más de 150 millones de antiguos alumnos, según señalan en la misiva.

Los padres de la concertada advierten de que la «ley Celaá» propone un sistema de enseñanza «contrario a la libertad de educación, de elección y libertad religiosa y moral de las familias; a pesar de estar recogido en el artículo 18.4 Asamblea General de Naciones Unidas». También denuncian que se vulneran las libertades y derechos fundamentales, reconocidos en el artíulo 27 de la Constitución Española, y en el 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además, en la iniciativa legislativa se incluye un polémico y ambiguo apartado -disposición adicional cuarta-, del que puede desprenderse un intento de cerrar los centros de educación especial. Al respecto, la carta dice que «colegios, universidades y centros de educación especial, que además están bajo amenaza de cierre al ir traspasando poco a poco al alumnado de dichos centros alsistema ordinario general. Decisión que ha sido tomada no sólo sin contar con los padres, sino además sin los medios y recursos necesarios para la atención personal de dichos alumnos y sus familias, un verdadero despropósito».

La Concapa también ha enviado una carta al Defensor del Pueblo, con el mismo contenido, pidiendo ayuda y amparo.

Por lo demás, Isabel Celaá, además de una generación de escépticos también pretende una generación de vagos. Asi, acaba de anunciar que, partir del próximo curso, se otorgarán becas a los alumnos sin exigirles unas calificaciones mínimas. Según el Ministerio de Educación, todo dependiendo de su nivel económico. Y si ni la Agencia Tributaria logra fijar el nivel económico de cada contribiyente imagínense si Educación va a consguir que no le engañen.

En cualquier caso, el mérito y el esfuerzo del alumno ya no servirá a la hora de obtener una beca. El Gobierno socio-podemtia quiere una generación de alumnos excépticos y de vagos. Es la futura España de Isabel Celaá, educada en un esmerado colegio católico de Bilbao.