La concertada saldrá por primera vez a la calle para protestar ante la "ley Celáa". Bajo el lema «Más plurales, más libres, más iguales», la Plataforma Concertados, (integrada por las patronales Escuelas Católicas y CECE; los sindicatos FSIE y FeUSO y las organizaciones de padres CONCAPA y COFAPA, junto a otras entidades) planea manifestarse aunque aún no han determinado cómo. Lo más probable es que recurran a una caravana de coches que se pretende extender a todas las comunidades del país.

El sector alerta contra la eliminación del artículo 109 de la Lomce (ley vigente que se pretende derogar) que alude a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados varíen en función de lo que pidan los padres.

Según publica ABC, a la concertada también le preocupa si prosperará una enmienda presentada por PSOE y Podemos que establece de forma expresa el «incremento progresivo» de plazas públicas, lo que supone una restricción a la capacidad de elegir de los padres porque cada vez habrá mas centros y plazas públicas y menos concertadas.

La ministra de Educación ha logrado también que por primera vez sindicatos, patronales y asociaciones de padres de Madrid se una para defender la supervivencia de la educación privada en la Comunidad. Y es que, además de la tramitación de la «Ley Celaá» que, de salir adelante promete convertir los colegios privados en meramente testimoniales en el plantel de la oferta educativa a la que puedan acceder los padres para educar a los hijos, se añade la amenaza del IVA.

Según La Razón, la enseñanza privada está muy preocupada por que se trate de gravar con un 21% de IVA los servicios que presta el sector educativo privado, una cuestión que el Gobierno baraja y que no ha sido descartada con rotundidad... hasta hoy martes 21, en que la minsitra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que no, que no se subirá el IVA a la sanidad ni a la educación privadas. Pero no lo duden: el acoso continúa.

Y a la preocupación de la privada se une la de concertada que está atravesando problemas económicos al no recibir fondos del Gobierno Sánchez de la partida para la reconstrucción de la Educación, ni tampoco de los fondos europeos invertidos en la digitalización de los centros. A todo ello hay que sumar que los colegios concertados además de mermar sus ingresos por la falta de dichos fondos han tenido que hacer una importante inversión en el equipamiento de sus instalaciones para garantizar la seguridad de los alumnos y de su personal ante el coronavirus. Así, las cuentas no salen... mientras siguen ahorrando al Estado 3000 euros al año por alumno.