El conflicto laboral de Endesa continúa, ahora dando protagonismo a la batalla entre sus sindicatos. Como saben, CCOO, Sindicato Independiente de la Energía (SIE) y Confederación Intersindical Gallega (CIG) se han mantenido unidos y no han cedido ante la Dirección. Ahora piden a la Dirección General de Trabajo -dependiente del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz- que “no se registre ni se publique en el boletín oficial” el V convenio colectivo, que sólo traga UGT (ver documento adjunto). Mientras, este último echa balones fuera y defiende el convenio como “el mejor posible, con la actual legislación laboral”. Está claro: la culpa la tiene la pepera Fátima Báñez.

CCOO, SIE y CIG rechazan e impugnan el laudo arbitral que realizó el exministro Manuel Pimentel (por cierto, colaborador de la Fundación AG FITEL, la cual promueve la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT), es decir, su solución ‘salomónica’. Los sindicatos critican que el laudo “resuelve puntos y materias no sometidas a arbitraje” y además, señalan que tanto el laudo como “el V Convenio firmado exclusivamente por UGT inmediatamente después de la emisión del laudo” incurren en indicios de ilegalidad.

En el laudo, el señor Pimentel estableció que a partir de la firma del V convenio se derogaban las disposiciones referidas a beneficios y atenciones sociales anteriores 

Es más, los sindicatos recuerdan que en el laudo, concretamente en su disposición derogatoria, el señor Pimentel estableció que a partir de la firma del V convenio y en virtud de lo establecido en el artículo 86.4 del Estatuto de los Trabajadores (El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los aspectos que expresamente se mantengan), “quedan expresamente derogadas en su integridad la totalidad de las disposiciones de los Convenios de origen, referidos a beneficios sociales, atenciones sociales o cualquier otra denominación que pudiera recogerse en los Convenios de origen reguladores de cuestiones sobre esta materia, así como cualquier tipo de pactos, acuerdos, decisiones unilaterales colectivas o, en su caso, individuales, o usos y costumbres que los pudieran haber desarrollado”. Es decir, que la tarifa del empleado será la que marca el nuevo convenio, inferior a la que venían recibiendo tanto trabajadores activos como pasivos, y que se suma al recorte en ayudas de estudios (ya sólo para activos) y por hijos minusválidos. 

Ahora será la podemita Yolanda Díaz quien tendrá que decidir. Mientras, la empresa tranquila, aunque tampoco no pierde la ocasión de maniobrar con UGT para validar el nuevo convenio con efecto retroactivo.