Tanto el Ministerio de Industria como el de Trabajo (ahora en funciones) se han ofrecido a mediar en el conflicto laboral que vive Endesa con los sindicatos y las asociaciones de trabajadores jubilados. También debería intervenir el de Transición Ecológica, que es el que lleva la materia de energía… Aunque claro, todo esto no impide que sindicatos y asociaciones sigan adelante con sus demandas judiciales.

Recuerden que todo empezó cuando la eléctrica dirigida por Enel (dueña del 70% y beneficiaria de jugosos dividendos) decidió poner fin a los beneficios sociales que recibían sus empleados activos y pasivos (9.000 y 26.000, respectivamente, según datos de 2017). Algo que avaló la Audiencia Nacional (AN) en el caso de los jubilados por no tener contrato en vigor al haberse extinguido el último convenio colectivo. Estos beneficios suponen un descuento en sus tarifas eléctricas, pero no significa luz gratis, y además, es salario en especie.

Los sindicatos siguen trabajando en la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo y como el abogado defensor de Endesa (José Luis Fraile, socio del bufete Sagardoy) se opuso a que las asociaciones de jubilados se personaran en el mismo, estas presentarán sus propias demandas (se esperan muchas y por todos los territorios). Recuerden que con el citado bufete lleva años colaborando una de las magistradas firmantes de la sentencia de la AN, algo que se ha denunciado ante el CGPJ.

Los sindicatos UGT, CCOO, SIE, CIG y APREN se reunieron el pasado martes con el secretario general de Industria, Raúl Blanco, en As Pontes (La Coruña). Le pidieron que presionara a Endesa para que congelara o eliminara la fecha de aplicación del fin de los beneficios sociales (prevista para el 30 de junio) porque eso quitaría presión a la negociación del V Convenio Colectivo (van más de 50 reuniones y aún no hay acuerdo). Además, le mostraron su inquietud por el posible desmantelamiento de la empresa.

Los sindicatos mostraron al secretario general de Industria su inquietud por el posible desmantelamiento de Endesa

Dos días después, los sindicatos se vieron con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, donde se comento la posibilidad de derogar la reforma laboral del PP. Aunque se expuso la dificultad de que a pesar de que se recuperara la ultraactividad, esta tuviera efectos retroactivos, pues ahora no hay una solución prevista para las empresas que ya se quedaron sin Convenio. Valerio se comprometió a mediar inmediatamente para posibilitar una negociación equilibrada, casi una semana después de que las cúpulas de CCOO y UGT entraran en el conflicto.

Y parece que todo esto ha tenido efecto, porque Endesa ha aplazado el fin de los beneficios sociales para los empleados jubilados al 30 de septiembre. Un paso pequeño pero positivo para favorecer la negociación del V Convenio Colectivo. Esto ha quitado algo de presión al conflicto y el propio CEO de Endesa, José Bogas, espera que puedan cerrar un nuevo convenio en “uno o dos meses”. Veremos, pero pase lo que pase, el tema también seguirá su curso en los tribunales.