Admito la crítica de esa manipulación ideológica en forma de manual para el estudio de nuestros estudiantes, pero ese no es el problema
La Plataforma Concertados, (integrada por las patronales Escuelas Católicas y CECE; los sindicatos FSIE y FeUSO y las organizaciones de padres CONCAPA y COFAPA, junto a otras entidades en defensa de la educación especial, se moviliza contra la 'ley Celaá'. Agrupadas en la campaña «Más Plurales, Más Libres, Más Iguales», la concertada organizará movilizaciones todos los martes a partir de la semana que viene en la puerta de los centros y pondrá lazos naranjas en las fachadas en contra de la « ley Celaá», el proyecto de ley educativo que pretende derogar la Lomce y volver a la Loe, del año 2006. Además, se concentrarán en el Congreso todos los miércoles e iniciarán una recogida de firmas.
Hoy se presenta la campaña @MasPlurales, que apoyamos,
— COFAPA (@COFAPA_) October 28, 2020
y participaremos en las movilizaciones que discurrirán por decenas de escuelas y ciudades, para exigir que el resultado de la reforma en trámite parlamentario asegure el libre ejercicio de los derechos civiles pic.twitter.com/501ejvHPOX
El sector de la concertada se siente atacado por el nuevo texto que elimina del artículo 109 de la Lomce (ley vigente que se pretende derogar) la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados varíen en función de lo que pidan los padres. Además, a la concertada también le preocupa si prosperará una enmienda presentada por PSOE y Podemos que establece de forma expresa el «incremento progresivo» de plazas públicas, lo que supone una restricción a la capacidad de elegir de los padres porque cada vez habrá mas centros y plazas públicas y menos concertadas.
El impacto de la nueva ley lo acusarían más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo. Además, cerca de 4 millones de familias ven limitado el derecho a elegir el tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos y más de 9.300 centros de la red concertada y privada ven en jaque la continuidad de sus proyectos educativos. Pero Celáa no va contra la concertada...
Mientras, empiezan a circular propuestas de padres de la concertada que se plantean incluso sacar a sus hijos de los centros concertados y solicitar todos plaza en la escuela pública... Así se haría realidad el sueño de Celaá de fomentar la escuela pública, pero, ¿a qué precio, señora ministra? ¿Tienen capacidad los centros públicos para albergar a todos los alumnos de la concertada? Porque, doña Isabel, sólo en Madrid de los 347.435 alumnos que cursaron estudios en centros sostenidos de la ciudad con fondos públicos durante el curso 2019/2020, 204.145, es decir, el 58,75%, lo hicieron en centros concertados, mientras que los restantes 143.290 (41,25%), en centros públicos.
Eso, sin contar que un alumno de la concertada le cuesta al Estado -es decir, a todos los españoles- 3.000 euros al año, mientras que uno de la pública le cuesta 6.000. Pero, si a la titular de Educación le salen las cuentas, todo correcto.