El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció el jueves la aprobación en Consejo de Ministros el próximos martes de un ‘Real decreto-ley de protección a la infancia’.

Según adelantó Iglesias, la futura norma establecerá «el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores», poniendo así en cuestión desde el inicio del procedimiento la presunción de inocencia del denunciado. Algo que ya sucede con la polémica ley de violencia de género, recuerda OK Diario.

Además, el Gobierno quiere crear una nueva figura, la del «coordinador de bienestar y protección» en los colegios, donde se establecerán protocolos de actuación frente a indicios de «acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia».

El diputado de Junts per Catalunya (JuntsxCat) Genís Boadella han reprochado a Iglesias que el Ejecutivo recurra una vez más al real-decreto ley para legislar en lugar de llevar el texto al Congreso como proposición de ley

Iglesias también ha apuntado que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores «no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años», al tiempo que ha indicado que se crearían «unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad».

Esta figura (no consensuada aún con el Ministerio de Educación) supone introducir a una especie de 'policía' o 'comisario' del régimen o como se quiera llamar, en todas las escuelas. Y los abusos pueden ser la excusa para ampliar luego el campo de acción del 'comisario': seguro que el coordinador velará para que la escuela festeje por todo lo alto el día del 'orgullo', por ejemplo. En definitiva: meter la ideología de género a la fuerza en los colegios.

OK Diario también recuerda que siendo Iglesias presidente del Grupo Parlamentario de Podemos en la pasada legislatura, los morados se asesoraron en esta cuestión con personas que luego fueron detenidas por la Policía por retención de sus hijos e incluso las invitaron a comparecer en el Congreso. Fue el caso de María Sevilla, presidenta entonces de Infancia Libre. Hasta cuatro personas la asociación Infancia Libre fueron llevadas ante la Justicia por el secuestro de sus hijos: María Sevilla, Patricia González, Ana Bayo y Rocío de la Osa Ibáñez. Las dos primeras mantuvieron relación con el grupo parlamentario de Iglesias en tareas de asesoría.

Por cierto que, tras la exposición del vicepresidente, los socios del Gobierno como el diputado de Junts per Catalunya (JuntsxCat) Genís Boadella han reprochado a Iglesias que el Ejecutivo recurra una vez más al real-decreto ley para legislar en lugar de llevar el texto al Congreso como proposición de ley y negociarlo con los grupos. Ante ello, Iglesias ha esgrimido que lo suyo es un «Gobierno parlamentario», dando a entender que aceptarán la tramitación de este real decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para que el resto del hemiciclo pueda introducir enmiendas, añade Ok Diario.