El Gobierno insiste en la renta mínima vital, alimenta-vagos de la izquierda, pero se equivoca, pues implantar el salario maternal (pagar a la madre para ayudarle a criar a su hijo) le saldría más barato, como ya informó Hispanidad. En concreto, la primera medida podría suponer un coste para las arcas públicas de 3.500 millones de euros anuales, según La Razón, mientras que el de la segunda sería de 2.925 millones aunque es cierto que hay que fijar hasta qué edad se recibiría ese salario maternal. En España se entregan hoy minúsculos 100 euros por niño y sólo hasta los 3 años.

A finales del pasado junio, la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) -que entonces presidía José Luis Escrivá, actual ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones- propuso una renta mínima de entre 430 y 440 euros mensuales, que podría ser compatible con tener trabajo si los ingresos no alcanzan un determinado nivel. Según los cálculos de este organismo, la renta mínima supondría un desembolso de 5.500 millones anuales, que podría reducirse a 3.500 millones si se eliminan duplicidades.

Por su parte, el salario maternal representaría 2.925 millones anuales y se traduciría en una ayuda de 440 euros al mes por cada hijo, hasta que cumpla 18 años de edad. Una prestación que superaría con creces la actual ayuda de maternidad, que es de 100 euros mensuales durante los tres primeros años del niño, pero que en realidad es una deducción fiscal y que sólo se da a madres trabajadoras.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriva, afirma que la renta mínima será una red de seguridad permanente para los más vulnerables

La medida de la renta mínima vital es demagógica, pues tanto PSOE como Unidas Podemos la llevaban en sus programas, a pesar de que ya existe en nuestro país: la otorgan las comunidades autonómicas, aunque hay diferencias entre unas y otras. También ha sembrado tensiones en el Gobierno, sobre todo, entre dos vicepresidentes: la responsable de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Unas diferencias lógicas, teniendo en cuenta que a ella le toca tener a raya el déficit y la deuda pública (aunque ambos se dispararán con la crisis del coronavirus), mientras que él no tiene ningún tipo de reparo a la hora de abrir el grifo del gasto social. Eso sí, el ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, ha señalado que las medidas económicas y sociales “han sido consensuadas” tras la discusión, en una entrevista en RNE.

Y ojo, porque también pinta mucho en la decisión final, Escrivá, que tiene la responsabilidad de la Seguridad Social, y de cuyas arcas, saldrá el dinero para la nueva renta mínima. En una entrevista en La Vanguardia, ha informado que la renta mínima vital será “una medida estructural, indefinida, a diferencia de todas las demás, que son temporales. Será una red de seguridad permanente para los más vulnerables”. Dependerá del número de hijos, aunque las familias monoparentales también la podrán recibir, y se tendrá en cuenta la renta. Por ahora, poco más se sabe de una medida que podría aprobarse en un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes.