La presentación de los resultados anuales de 2018 de Iberdrola ha estado precedida de una serie de noticias contradictorias, que están marcando o pueden marcar el devenir de la energética que preside Sánchez Galán. En los trimestres previos, de hecho, había marcado una tendencia peligrosa, con resultados inferiores a los registrados en ejercidos anteriores.

Con la Benemérita pisándoles los talones, además, por unos supuestos hechos acaecidos en el tarifazo del 2013. Investiga a Iberdrola, en concreto, por haber bloqueado la producción eléctrica en sus pantanos -en un año lluvioso-, lo que activó una subida de la tarifa eléctrica que provocó pérdidas a otras empresas de trading por 31 millones (M€).

El beneficio anual, de 3.014,1 millones (+7,5%), parece enderezar el logrado a lo largo de un ejercicio que no pasará a la historia de la compañía, en buena parte por la evolución de su filial americana, Avangrid. Ha revertido la situación en el último trimestre, gracias a una inesperada rebaja de los costes operativos, que le aportado un beneficio neto de 595 millones (+56%).

La eléctrica corrige las cuentas, de nuevo, con los negocios de renovables y generación y clientes

El margen bruto aumenta un 15,5%, hasta 15.435,1 millones, con crecimientos en los negocios de renovables y generación y clientes, que compensan los 675,1 que descienden  en el negocio de redes.

La contención en el gasto operativo, al 0,4%, la consigue gracias a una reducción del 7% de los gastos de personal y el crecimiento en 82,3M€ de otros ingresos de explotación. Y a eso se unen los 1.112,9 millones por desinversiones en activos, entre los que destacan los 772 por la venta del negocio del gas en Reino Unido (quizás huyendo del Brexit), que le permite un Ebitda de 9.348,9 millones, un 27,7% más. Salvan las cifras, de nuevo, los negocios de renovables y generación y clientes.

El resultado financiero empeora un 23% sobre todo por la consolidación de la brasileña Neoenergia

El resultado financiero empeora un 23%, a 1.151,1 millones, debido sobre todo a 158,7 por la consolidación por 12 meses de la filial brasileña Neoenergia. A pesar de haber rebajado los costes de financiación, la deuda financiera ha crecido en 867 millones, hasta los 38.162.

La política de desinversiones de la compañía contempla aún llegar a los 3.000 millones en los próximos cuatro ejercicios. En paralelo, hemos podido ver que la de política de inversiones se ralentiza durante el ejercicio, con 474,6 millones menos que en 2017.

A la vista de los resultados, Iberdrola se plantea un aumento en la remuneración al accionista de 0,351 euros (7,7%), que le supondrán dos aumentos de capital por un total de 2.755 millones y amortización de acciones propias por 280,4M€.

La política de desinversiones contrasta con la de inversiones, ralentizada: 474,6 millones menos

Por lo que respecta a las previsiones, lo que le puede esperar es, en primer lugar, un respiro en la regulación, ya que la ministra de Transición Ecológica, la neo lila verde Teresa Ribera, está fuera de circulación por el cese del Gobierno y la convocatoria de elecciones.

Ribera pretendía volver a las directrices de Zapatero para el sector, aunque se encareciese la producción y, por ende, el precio para las industrias, con una cascada de consecuencias que habrá de esperar si el PSOE vuelve a ganar las elecciones y con mayoría, aunque sea con ayuda independentista.

Galán espera ‘pescar’ nuevas oportunidades fuera, por lo que suelte Tres Gargantas, si se queda con EDP

En segundo lugar, Iberdrola intenta pescar nuevas oportunidades en el mercado no nacional. Llegarán, sin duda, si los chinos de Three Gorges (Tres Gargantas) logran su objetivo sobre la portuguesa EDP, en su punto de mira, y se generarán en forma de migajas, como por ejemplo la brasileña EDP Renovaveis, que podría ser un buen trofeo para su negocio de redes.

Por el tema de las puertas giratorias del sector, al que parecen aspirar también los progres del partido lila verde, hay que dar cuenta del sonado cese de Ángel Acebes como consejero, probablemente para establecer un cordón sanitario contra el posible contagio por el caso Bankia.