La industria española ha cargado contra el ‘fondo verde’ (es decir, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico -FNSSE-) que quiere crear la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el cual está a la espera de dictamen por el Consejo de Estado. Y es que su puesta en marcha provocará una subida de los costes de 2.650 millones de euros, afectando a su competitividad… y con ello, podría haber efectos en sus 2,9 millones de empleos (tanto directos como indirectos).

Así, se recoge en el Manifiesto que ha difundido la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. Es decir, la agrupación de asociaciones de diversos sectores: fabricantes automovilísticos (ANFAC), operadores de productos petrolíferos (AOP), papeleros (Aspapel), químicos (Feique), alimentación y bebidas (FIAB), fabricantes de cemento (Oficemen) y siderúrgicos (Unesid).

Un sobrecoste que llegaría justo cuando la industria productiva española ya se enfrenta a un aumento extraordinario de los costes del gas y la luz

Conviene recordar que el FNSSE tiene dos vertientes. Por un lado, los costes de financiar las renovables, la cogeneración y los residuos ahora ya no sólo van a correr a cargo de las eléctricas, sino de todos los suministradores de energía, perjudicando especialmente a las empresas del sector petrolero (aportarán el 43,7% del Fondo), pero también afectará a las gaseras. Y por otro, va a provocar que los consumidores industriales tengan que pagar más en sus facturas de luz y gas, como ya advirtió la CNMC hace unos meses: los consumidores no electrointensivos conectados en alta tensión sufrirán una subida de entre un 5% y un 7% (entre 3 euros/megavatio-hora y 5 euros/MWh).

Al hilo de este segundo aspecto, la citada Alianza ha señalado que el FNSSE tendría un coste acumulado para la industria entre 2021 y 2025 de unos 2.650 millones, sin tener en cuenta el eventual régimen de compensaciones. Un sobrecoste que llegaría justo cuando la industria productiva española, que es responsable de generar el 13% del PIB y el 12% del empleo de forma directa (1,160 millones de personas) y que llega al 43% del PIB y al 30% del empleo si se suman sus efectos indirectos (2,9 millones de personas), ya se enfrenta a un aumento extraordinario de los costes del gas y la luz. 

Por todo ello, la Alianza pide que la financiación de renovables, cogeneración y residuos se traslade a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y en caso de que esto no se acepte, se fijen exenciones para sectores industriales que, aún no siendo consumidores intensivos, son sectores tractores, esenciales o exportadores, indispensables para generar crecimiento económico y empleo de calidad. Ribera debería tomar buena nota si no quiere que el impacto del FNSSE sea irreversible.