Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, ha insistido, este miércoles, al presentar los resultados de 2007, que si el Gobierno no reduce la alta carga de impuestos que soportan las centrales nucleares, pone en riesgo su viabilidad económica. Mensaje directo al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha enviado algún signo en ese sentido, al tiempo que sigue adelante con su proyecto de ley para evitar el cierre de plantas (nucleares o de carbón).

Araluce (en la imagen) ha dicho, en concreto, que el sector nuclear “está en pérdidas desde hace tiempo”, entre otras cosas, porque los impuestos se comen el 41% de la facturación de esa industria. Teniendo en cuenta las inversiones constantes de mantenimiento -al margen de la inversión inicial y los plazos para amortizarla- y los gastos que afronta,  el Gobierno deberá hablar no sólo del qué, el mix eléctrico, sino del cómo. Para Araluce está muy claro: “debe reducir la alta carga impositiva y establecer mecanismos de mercado que ayuden a conseguirla”.

El nombre del informe es de por sí ilustrativo: resultados nucleares de 2017 y perspectivas de futuro. Habla de lo que está por llegar para un sector energético cuestionado, y en paralelo, resume en cifras una realidad: hoy por hoy es clave para cubrir la demanda -sin poner en riesgo el suministro-, y evitar una bicha, la emisión de contaminantes (CO2), de la que depende a su vez y en gran medida que España pueda cumplir con sus compromisos medioambientales. Ahora bien, tiene un problema y gordo: no es rentable.

El Foro Nuclear hace balance de 2017, con una conclusión: el sector es necesario para cumplir las metas medioambientales  

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, admite lo primero. De hecho, ha reiterado, en la misma línea que el informe de la Comisión de Expertos en Transición Energética, que prescindir en el mix eléctrico de la energía nuclear tendría dos consecuencias inevitables: la subida de precios de la luz traumáticas y propiciaría que España incumpliera con los pactos europeos para reducir la emisión de CO2. Ahora bien: no aclara lo demás: las fórmulas para que esa energía sea rentable, o lo que es lo mismo, que los propietarios de las centrales retiren su amenaza de cierre.

Araluce ha contestado a todas estas cuestiones desde la posición de la patronal nuclear, pero la solución no depende del Foro, sino de un acuerdo más amplio entre los partidos políticos -en estos momentos, muy complicado- y de una fórmula fiscal que valore de otro modo “porque es la energía que más electricidad produce, la que más ayuda a evitar emisiones contaminantes y la que más horas funciona”.  

Son las razones, en fin, por las que la energía nuclear tiene un papel clave en la transición energética más allá de 2030, del mismo modo que un cierre anticipado “supondría un incremento de los costes de generación y de las emisiones contaminantes”.

En 2017, las siete centrales nucleares españolas generaron, en concreto, el 21,17% de la electricidad consumida, evitaron la emisión a la atmósfera de unos 40 millones de toneladas de CO2 y representaron el 39,32% de la electricidad generada en nuestro país sin emisiones contaminantes.

Hasta ahora, las empresas, especialmente Iberdrola, han sido claras. Si no cambia la fiscalidad, no podrán mantener un negocio en pérdidas. Endesa ha sido menos explícita por su propio modelo de negocio, centrado en España y dependiente de su generación y sus más de diez millones de clientes nacionales. Pero las dos eléctricas piden lo mismo.

Los partidos evitan pronunciarse, salvo que los cierres afecten a su autonomía (Vara, en Extremadura, o Fernández, en Asturias)

La postura de los partidos es la otra cuestión. Nadal depende de ellos para sacar adelante su proposición de ley sobre cierre de centrales (que enciende a las eléctricas porque choca contra principios esenciales del libre mercado) y también para la futura ley energética y cambio climático.

Tanto el PSOE como Ciudadanos defienden posturas ideológicas de la energía nuclear, pero no gobiernan. Uno y otro evitan pronunciarse oficialmente al respecto, salvo que los cierres afecten a su comunidad autónoma. Es lo que ha ocurrido en Asturias, donde su presidente, Javier Fernández, ha dado un toque a su partido para que apoye la propuesta del PP para evitar el cierre de las térmicas de carbón, o en Extremadura, donde su presidente, Guillermo Fernández Vara, es consciente del impacto económico en su región del cierre de la central de Almaraz.

La central cacereña es la primera en la que Endesa e Iberdrola tendrán que pedir la solicitud para alargar la vida útil. De momento, no lo han hecho. Tienen un año por delante para hacerlo, pero no han asegurado nada.