El Fiscal General de EEUU, William Barr, ha autorizado al Departamento de Justicia a investigar los posibles casos de fraude electoral. Sin prejuzgar la existencia del fraude, esta decisión es de un hondo calado, ya que supone un varapalo a la censura mediática, que cuestiona la sola mención de la existencia del fraude. Tras anunciar esta medida, también los Fiscales Generales de Kentucky y Misuri han afirmado que sus departamentos se unirán a la autorización de la Fiscalía General para investigar la existencia de fraude electoral.

La decisión de la Fiscalía General supone un revulsivo para la ofensiva legal que persigue acreditar la existencia de fraude en los comicios. Si bien ya denunciamos los posibles fraudes cometidos en Arizona, Michigan y Wisconsin, ahora el foco de la atención se centra en Pensilvania, donde si bien el recuento no ha concluido y las acusaciones de fraude siguen in crescendo, ello no ha impedido a Biden atribuirse la victoria en el Estado al margen de la existencia de reconocimiento oficial sobre ello.

Así, el responsable del equipo legal del presidente y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, ha detallado el amplio abanico de fraudes que se habrían producido en Pensilvania. Primero, denunció que en los colegios electorales del feudo demócrata de Pittsburgh se impidió durante 24 horas el acceso al recuento a los observadores republicanos, y que en ese período se introdujeron más de 135.000 votos sin control alguno.  También denunció que disponen de más cincuenta testigos que pueden avalar cómo se introdujeron votos ilegalmente que se dataron como si hubieran sido emitidos el día de las elecciones, aunque habrían sido confeccionados con posterioridad. Finalmente, Giuliani ha apuntado que las autoridades electorales de Pensilvania incumplieron la orden del magistrado del Tribunal Supremo de EEUU, Samuel Alito, quién ordenó que los votos que se recibieran más tarde de las 20 horas del día de las elecciones, fueran separados, clasificados y objeto de recuento y análisis posterior para certificar su autenticidad.

Esta nueva acusación de fraude se conoce a la vez que sigue dándose el fenómeno inusual de la resurrección de los muertos. Informa the Epoch Times que en el Estado de Michigan, según los registros de defunción, más de 9.500 votos fueron emitidos por personas que están registradas como fallecidas y más de 2.000 votos correspondieron a personas mayores de cien años, cuando según los propios datos estatales solo existen 1.729 personas centenarias con vida en el Estado.

Pero no solo en Michigan han resucitado los muertos para votar a Biden, también ha ocurrido en Nevada. En este caso, ha sido el exFiscal General del Estado Adam Laxalt, quien además de reiterar que se han emitido votos por personas fallecidas, ha acusado directamente al responsable electoral del Condado de Clark, el más poblado del Estado ya que abarca la ciudad de Las Vegas, de utilizar un fraudulento sistema electrónico de votación, que ha aceptado más de 200.000 votos, donde la autenticidad de la firma de los mismos no ofrece una garantía mayor al 40%, es decir, que podrían haberse introducido votos con firmas falsas sin control alguno.

La cuestión ha traspasado la barrera de lo meramente electoral, y a la vista de este comportamiento tan organizado por parte de los muertos, deberíamos poner el asunto en manos de médiums, expertos en fenómenos parapsicológicos e incluso recurrir a los cazafantasmas.