El Juzgado de Instrucción nº9 de Murcia ha abierto diligencias previas por la interrupción de una celebración religiosa en una Iglesia Evangélica de la ciudad.

La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció al delegado del Gobierno en Murcia por un posible delito de “interrupción de culto” recogido en el artículo 523 del Código Penal. Considera que los policías que llevaron a cabo dicha operación actuaron cumpliendo sus instrucciones.

Desde la organización de juristas explican que el propio Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice textualmente en su artículo 11: “La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, defiende que “en el Real Decreto hay un anexo en el que se detalla de forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, entre las que no se encuentran las iglesias u otros lugares de culto análogos”.

Hemos presentado más de una decena de denuncias en distintas partes de España por actuaciones similares

Castellanos recuerda que “el de Murcia no es un caso aislado. Hemos presentado más de una decena de denuncias en distintas partes de España por actuaciones similares”. Destaca por ejemplo la interrupción de una celebración en la Catedral de Granada o en la de Valladolid, así como en la Iglesia de San Genaro en Madrid, entre otras.

“Consideramos que estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar durante el estado de alarma son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista”. “Se trata de una persecución religiosa”. “La reiteración evidencia que no es algo casual. El gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para acabar con la libertad religiosa”.

A esta decisión del Juzgado de Instrucción nº 9 de Murcia se suma la del Juzgado de Instrucción nº5 de Coslada (Madrid) que abre diligencias previas por la interrupción de una celebración religiosa en la iglesia de San Juan y San Pablo de San Fernando de Henares el pasado lunes 13 de abril. Investigará si esos hechos son constitutivos de un delito contra los sentimientos religiosos.