Los reiterados ataques del Gobierno a la educación concertada y la última propuesta de excluir a estos colegios de las ayudas públicas que se otorgarán por el coronavirus ha hecho estallar al sector, que ya no descarta que en septiembre se realicen movilizaciones e incluso una huelga.

De este modo, Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), aseguró que desde el Gobierno “quieren hacer una guerra ideológica en la que nosotros no participaremos, pero están creando unas diferencias notables entre unos alumnos y otros, y es ahí donde sí nos encontrarán”.

Caballero ha denunciado que esta discriminación es “muy grave”. “Si todos hemos pasado la pandemia y hay que hacer frente a unos gastos para adecuar los centros educativos, los centros concertados tendrán esos mismos gastos”, afirmó.

En caso de que el Gobierno no recapacite esta decisión de excluir a los colegios concertados de esta ayuda de 2.000 millones de euros para la educación, Caballero indicó que se verán obligados a pedir “amparo” a los organismos de la Unión Europea e internacionales competentes ante lo que consideran una “clara discriminación" de la red concertada. ¡Un verdadero crimen!”.

De esta forma, ha anunciado que, si esta situación llegara a materializarse, se verían obligados a movilizar a las familias y a la comunidad educativa en el mes de septiembre con manifestaciones, movilizaciones e incluso favoreciendo una huelga educativa "contra las medidas totalmente injustas, sectarias, e ideológicas propias de un Gobierno cada vez más totalitario".

“Necesitamos diálogo bidireccional, consenso, igualdad real y efectiva», ha afirmado, al tiempo que ha instado a la Fiscalía a investigar la situación “de manera inmediata”. “¡Si quieren un inicio de curso calentito, lo tendrán!”, añadió Caballero.

En la misma línea, desde la Conferencia Episcopal, su secretario general, Francisco Argüello, recordó que la escuela concertada parte de una “desigualdad objetiva” al tener un gasto por alumno bastante inferior a la enseñanza pública siendo así un modelo que ahorra “miles de millones” a la administración. Aproximadamente, la enseñanza privada y la concertada le ahorran al Estado -o sea, a todos los españoles- 11.700 millones de euros anuales. Así, el gasto público por alumno en centros públicos no universitarios es de 5.436 euros, frente a los 2.886 euros de subvención pública a la escuela concertada por alumno, según el INE.

Argüello también destacó que en muchos de los centros que le vienen la cabeza, la enseñanza concertada aglutina a alumnos de más de 20 nacionalidades, como es el caso de la Inmaculada Concepción, en el barrio vallisoletano de Delicias o el Centro Concertado Santa María Micaela, en el barrio de Pajarillos, entre otros. Por ello, pidió a las administraciones públicas un tratamiento que responda a las necesidades de una y otra red de enseñanza, así como de las familias.

En el Congreso, la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, también hizo una defensa de la concertada afeando al Gobierno que relacione únicamente educación concertada con barrios y alumnos ricos. Y destacó algunos colegios salesianos en barrios humildes de Canarias que ella conoce bien o en las 3.000 viviendas de Sevilla, uno de las zonas más deprimidas de España.