Este jueves, el aceite de oliva español, que, como tantos otros productos de nuestro país es más valorado fuera que aquí, ha sido noticia. El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha exigido al Gobierno (pese a que está en funciones) y a los partidos políticos un decreto ley para asegurar que “no se pueda vender un producto que se hace en el campo por debajo del valor al que nos cuesta a nosotros producirlo”.

Es decir, que el precio de venta no pueda ser inferior al coste de producción. Esto sucede con el aceite de oliva: al inicio de la campaña de 2018, los precios bajaron un 26%, situándose en 3,53 euros por kilo, según el Observatorio de Precios y Mercado de la Consejería de Agricultura andaluza. Actualmente, el desplome de precios alcanza el 44%, hasta unos dos euros por kilo, inferior a los costes de producción (2,75 euros de media, según el Consejo Oleícola Internacional). Y por si esto no fuera suficiente problema, hay que sumar la amenaza de aranceles de Donald Trump a productos europeos, algo que castigará y mucho al sector agrícola español.

Del sector olivarero español dependen más de 250.000 familias de productores y 15.000 empleos de su industria 

El decreto ley que ha exigido Barato es una medida que podría solucionar este desfase de precios en un sector del que dependen más de 250.000 familias de productores y 15.000 empleos en su industria. Una petición que, teniendo en cuenta que el sector agrícola está regulado y ultraprotegido, pues los precios máximos están marcados, no es ningún disparate. Además, no podemos olvidar que España es el principal productor de aceite de oliva del mundo, pero, tristemente, los agricultores sacan poca tajada (e incluso llegan a perder dinero) con este producto denominado oro líquido.  

Asaja, junto al citado decreto ley, exige precios justos, así como autorregulación, y una revisión completa del sistema de almacenamiento privado con actualización de los precios que tenga en cuenta los costes de producción.