El todavía presidente del Banco Popular y presidente del patronato y de la comisión ejecutiva de la Fundación Banco Santander, Rodrigo Echenique, intentó en su día que Ángel Ron y Emilio Saracho dieran la misma versión acerca de la situación del Popular para que todo terminara en un 'caso fortuito’, esto es, sin culpables, casi producto del azar. El objetivo era que, al final, la responsabilidad quedara diluida en la inmensidad del supervisor y los tres quedaran libres de toda culpa.

Pero la propuesta de Echenique no prosperó. El relato de Ron y el de Saracho no iban a coincidir. A esa razón de peso se sumó, además, el informe de los peritos del Banco de España que aseguraba (¡atención!) que el Popular era viable: podría haber mejorado su índice de solvencia en 220 puntos básicos y, además, disponía de 11.000 millones en activos utilizables.

En definitiva, se puso en solfa toda la inspección del BCE y lo que sucedió en la madrugada del 7 de junio de 2017. Por cierto, el reglamento aplicado para la resolución del banco era provisional. El reglamento definitivo se aprobó un año después.

El ‘no’ al plan de Echenique y el informe de los peritos del BdE llevaron al Santander a cambiar su estrategia de manera radical y a discutir la trascendental ampliación de capital de 2016. Por cierto, que los peritos también aseguran que las cuentas del Popular de aquel entonces eran ciertas, por lo que la ampliación de capital fue correcta.

Y es que, de otra manera, podría tener que indemnizar a accionistas y bonistas. Era la misma versión del presidente de la CNMV, Sebastián Albella: las cuentas no reflejaban la realidad del banco, algo que el informe de los peritos también descartó.