Protestas contra la ‘ley Celaá’ que se sigue tramitando
Este lunes, se ha celebrado una quedada digital en Twitter pidiendo que se pare la tramitación parlamentaria de la nueva ley educativa (más conocida como ‘ley Celaá’) hasta que acabe el estado de alarma. En concreto, Escuelas Católicas ha señalado que “la prisa del Gobierno por aprobar la LOMLOE parece obedecer a su posible intención de introducir enmiendas solo consensuadas por los socios de Gobierno que limitarían la libertad de enseñanza”.
Organizaciones de la enseñanza concertada, sindicatos y padres denuncian que se quiere imponer la nueva ley sin consenso y al margen de la comunidad educativa. El pasado jueves, Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (Ceaaaec), CEU San Pablo, Fundación Educatio Servanda, Plataforma por las Libertades, Plataforma Yolibre.org, Plataforma Libres para Educar a nuestros hijos subrayaron su adhesión a la nota remitida por la plataforma ‘Concertados’ días antes, donde alertó de que “la prisa del Gobierno por aprobar la LOMLOE es signo de déficit democrático”.
El Gobierno quiere limitar la libertad de elección de los padres respecto a la educación de sus hijos y apostar por un modelo inclusivo que no gusta a todos los padres de hijos con discapacidad
La nueva ley educativa limita la libertad de elección de los padres, pese a que este derecho se recoge en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 26) y en la Constitución española (artículo 27). Asimismo, se elimina el criterio de la demanda social, lo que pone en riesgo a la enseñanza concertada, pese a que esta supone un importante ahorro para el Estado. Además, se quita importancia a la asignatura de religión, que será de oferta obligatoria, pero de elección voluntaria, y no contará para la media; y se quiere aprovechar la situación para introducir ideología en las aulas y adoctrinar desde la más tierna infancia.
Los padres critican que se atacan sus derechos y que la apuesta por la inclusión del Gobierno en la nueva ley pone en riesgo los centros de educación especial. De ahí que haya surgido una campaña en contra del cierre de dichos centros: entre los participantes está la Fundación Jérôme Lejeune, que ha reivindicado el derecho de los padres de niños con discapacidad a elegir la educación de sus hijos y ha vuelto a insistir en la necesidad de que haya un reinicio urgente de la actividad investigadora en España.
La ministra Celaá defiende que “si no hay una vacuna, los colegios tendrán la mitad del alumnado en las aulas” y un modelo combinado de educación presencial y a distancia
Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha señalado que “nuestro modelo es el de la escuela inclusiva, abierta también a los niños con algún tipo de discapacidad, es nuestro modelo”, en una entrevista en 20 Minutos. Además, ha insistido en que no se va a asfixiar económicamente a estos centros especiales ni a relegarlos… algo que cuesta creer dado el comportamiento con la concertada. Y es que Celaá debería tener en cuenta que hay padres de niños con necesidades especiales que quieren que vayan a centros ordinarios y otros que prefieren que vayan a los especializados.
La titular de Educación piensa muy poco en los padres… La última muestra ha quedado patente este lunes, cuando ha afirmado en dicha entrevista que “si no hay una vacuna, los colegios tendrán la mitad del alumnado en las aulas”. ¿Y si los padres tienen que acudir a su puesto de trabajo y no pueden quedarse con sus hijos en casa o contratar a alguien para que lo haga? A la ministra no le importa nada, pues ha defendido un modelo combinado de educación presencial y a distancia.
