La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, ha fijado para este viernes la fecha límite para la presentación de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley educativo conocido como ‘Ley Celaá’. El primer plazo se había fijado para el 31 de marzo y fue pospuesto por el cierre del Congreso. Por cortesía parlamentaria, como ley no escrita, cuando un grupo solicita una prórroga al plazo de enmiendas, se suele conceder hasta tres veces. O al menos, esa era la práctica hasta ahora. El Grupo parlamentario Popular y también Ciudadanos solicitó dicha deferencia y el PSOE se negó: «Nos han rechazado la primera solicitud», explican fuentes del PP a ABC.

El PSOE impone así una enseñanza contra la educación católica, la escuela concertada y a favor de los perezosos.

La ministra de Educación impulsa así su campaña contra la concertada alentando argumentos como que se trata de una educación más costosa que la pública o que se trata de una enseñanza para ricos. Como -está muy claro- demuestra la educación que imparte la Fundacion Educativo Servanda, con 7 centros Juan Pablo II, repartidos en los municipios de Parla, Alcorcón, y Guadarrama, tres en la diócesis de Cádiz y Ceuta (Puerto Real, Cádiz y La Línea de la Concepción) y uno en Almería.

Desde la propia Fundación recuerdan que la escuela concertada supone un coste de alumno/año de 3.000 euros frente a los 6.000 euros por alumno/años en la escuela pública. Las cifras siguen hablando para demostrar que sólo en la Comunidad de Madrid, con 360.000 alumnos en la enseñanza concertada, se ahorra 1.080.000.000 millones de euros al año. Si a esta cifra se le añade la cantidad destinada a la construcción de los centros, que asume íntegramente la entidad social que los pone en marcha, sería mucho más.La Fundación Educatio Servanda continúa, poniendo de manifiesto que a raíz de la crisis del Covid-19 están circulando informaciones que atentan contra los colegios concertados, aludiendo, por ejemplo, a las cuotas voluntarias que pagan las familias para ayudar al sostenimiento de estos centros concertados, en su mayoría católicos, que no reciben suficientes fondos del Estado.

“Dicha cuota es “voluntaria” por lo que invita a las familias “a devolver los cobros si no están de acuerdo con ellos”.

“Las familias no pueden verse obligadas a realizar el pago de estas cuotas, ni durante el estado de alarma ni tampoco antes”.

"Tenemos algún caso en el que le han incrementado hasta tres veces la cuota sin explicación”

Educatio Servanda si en lugar de alentar a las familias a que devuelvan sus aportaciones, ¿no sería más razonable que recibiesen una ayuda del Estado para lo que queda de curso?. De hecho, es lo que está proponiendo en otros sectores. ¿Por qué no hace lo mismo con las familias que siempre están pagado la infrafinanción de la concertada?

Y termina preguntándose si se trata de un problema económico o, por el contrario, somos víctimas de un ataque velado cuyo objetivo no es otro que el de acabar, de una vez por todas, con un modelo de enseñanza que disiente de la ideología dominante.

Y, ojo, porque la ideología dominante amenaza con resumirse en la ley del mínimo esfuerzo -o 'Ley Celaá'- que ha dado sus primeros pasos durante el estado de alarma con la medida de que los suspensos en los alumnos deben ser una excepción y que todos los estudiantes que hubiesen visto paralizadas sus clases presenciales por la crisis del COVID-19 pasarían de curso. Lo que viene siendo la norma socialista: igualar al alumnado -¿por arriba?- no, por abajo, of course.