Como se recordará, a principios de agosto la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dio luz verde a la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, recogió RTVE.

En concreto, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, quería que los ayuntamientos entreguen los 15.000 millones de euros al Estado Central, bajo el pretexto de paliar el impacto de la pandemia. A cambio, el texto aprobado ofrecía a los ayuntamientos una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado, que los devolverá en un plazo de 10 años a partir del 2022.

El acuerdo salió adelante con el único voto del PSOE, lo que dio lugar a un empate, que deshizo el voto de calidad del presidente de la Federación y regidor socialista, Abel Caballero.

Poco después, el acuerdo de la FEMP motivaba una rebelión de alcaldes y municipios, encabezada por diez alcaldes de ocho formaciones políticas distintas. En concreto, tras una reunión telemática, los alcaldes de Madrid, Zaragoza y Murcia (PP), Cádiz (Podemos), Lleida (ERC), Granada (Cs), Reus (PdCat), Bilbao (PNV), Santa Cruz de Tenerife (CC) y Pontevedra (BNG) pactaron un texto que describen como una "ofensiva municipal que no entiende de colores políticos" contra un acuerdo que, advierten, no saldrá adelante en la tramitación parlamentaria.

Y, efectivamente, así ha sido: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el decreto -debatido este jueves en el Pleno del Congreso- que quería quitarles a los ayuntamientos sus ahorros no va a salir adelante.

¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque los ayuntamientos se niegan a favorecer la política de Montero que castiga al ahorrador, los municipios, y financia al derrochador, el Estado y, sobre todo, las CCAA.