España ha perdido la demanda planteada por Masdar en el Ciadi (el organismo de arbitraje del Banco Mundial) por el recorte de las renovables de la reforma Soria. Hay que decirlo todo: Masdar no es un fondo buitre, como otros que plantean pleitos de esa naturaleza, sino una filial de Mubadala, el mismo holding de Abu Dhabi que controla Cepsa, y recurre a través de una filial domiciliada en Holanda.

El laudo arbitral obliga a pagar a España una compensación de 64,5 millones frente a los más 250 millones que reclamaba Mubadala. Es decir, una cuarta parte. Masdar estaba asociada a la empresa española Sener en otra sociedad, Torresol Energy, a la que afectó el recorte de primas en una de sus plantas.

El exministro Soria intentó llegar a un acuerdo con Abu Dhabi, pero el fondo siguió con el recurso

Sirva este contexto para para poner en su lugar la importancia del laudo, que al igual que los fallados anteriormente, no cuestiona la legalidad de las reformas energéticas de 2013 y 2014. El sentido de esos fallos deja sin fundamento el manido argumento de los fondos extranjeros sobre la inseguridad jurídica en España, como quedó reflejado en el laudo secreto de la Cámara de Comercio de Estocolmo, del que informó en exclusiva Hispanidad.

Los argumentos de entonces se repiten ahora, aunque desde entonces se han incorporado al sumario, es un decir, dos nuevas cuestiones de jurisdicción europea que hacen inaplicable el fallo. Es la razón por la que la Abogacía del Estado estudia ya solicitar la anulación del laudo, como ha hecho en los dos laudos anteriores que ha perdido.

Por un lado, está la decisión tomada por la Dirección General de Competencia de la UE, que considera ayudas de Estado cualquier pago a las renovables más allá de las retribuciones que se pagaron en su día. Es lo que pasaría esta vez si España paga a Masdar la indemnización de los 64,5 millones del laudo.

El laudo no tumba, como los anteriores, las razones de la reforma energética, pero es un mal precedente

Es el mismo motivo alegado en los dos laudos arbitrales anteriores contrarios a España, el de los fondos Eiser y Novaenergía. En total, los laudos fallados hasta ahora son cinco, pero dos de ellos favorables a España. No obstante, los recursos siguen porque hay mucho dinero en juego (unas 45 demandas de fondos en las que se reclaman más de 7.500 millones de euros). Para los bufetes de abogados es un modo de obtener sustanciales cifras y lo que mantiene, en fin, ese negocio arbitral.

En la práctica, la decisión de la Dirección europea de Competencia sirve a los Estados para recurrir a los tribunales ordinarios, del mismo modo que los fondos intentan que se ejecute la sentencia de pago por otras vías y fuera de la UE. Dicho de otro modo. Hay condenas a pagar pero no se ha pagado nada, a la espera de lo que digan los tribunales.

Por otro lado, está la sentencia Achmea, del Tribunal de Justicia de la UE, que dicta en esencia, que no compete a un tribunal arbitral cuando hay un acuerdo bilateral entre dos Estados miembros de la UE. En ese caso, Holanda y España.

Ahora bien, en este caso hay una salvedad que no se ha planteado judicialmente todavía, que haya más países en juego. Es también el caso: también está Abu Dhabi, aunque no sea el que hay recurrido directamente, sino a través de una sociedad instrumental.

Desde los dos laudos contrarios anteriores, hay nueva doctrina europea: del Tribunal de Justicia y de la Dirección de la Competencia

El entonces ministro José Manuel Soria intentó frenar el recurso de Emiratos en su día, pero sin éxito. Abu Dhabi siguió adelante. Soria planteo incluso un acuerdo, pero el dueño de Cepsa dijo que no. Si desde entonces, esa decisión no ha afectado a las relaciones diplomáticas, es presumible pensar que tampoco afectará ahora, al margen del desenlace poco gratificante para España.

El desenlace es negativo, en cualquier caso, para España porque la suma de fallos puede crear jurisprudencia. Todavía no ha sucedido. También en sentido contrario, pero tampoco ha pasado. Es la razón por la que los fondos no plantean sus demandas en tribunales europeos: saben que las perdería con toda seguridad.

Las cifras también son importantes. En las tres demandas perdidas por España se pedían reclamaciones de 603 millones y las indemnizaciones de los laudos han rebajado esa cifra a 245 millones; es decir, casi un tercio.