La Fiscalía, la Abogacía General del Estado y, en definitiva, el Gobierno, han emprendido una campaña de acoso y derribo contra la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, por su investigación sobre la incidencia de la manifestación feminista del 8 de marzo en la propagación de la pandemia.

Por cierto, precisamente este martes, en una nueva sesión en el Congreso de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, el catedrático, ex jefe de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Gregorio Marañón y fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, Emilio Bouza, ha afirmado que “perdimos un tiempo precioso”, porque desde Italia ya se sabía que “la transmisión era de persona a persona”. Es más, "a finales de febrero desde Italia ya nos advertían de que la gente moría como chinches", ha explicado.

Volvamos a la jueza Rodríguez-Medel. Las presiones fueron especialmente intensas el lunes, tras la publicación del informe forense encargado por la jueza a la Guardia Civil y que asegura que la Delegación del Gobierno conocía la peligrosidad del coronavirus, así como la información que debía transmitir a los ciudadanos para su autoprotección, pero que ocultó, menos a los trabajadores del organismo, a los que sí alertó, según El Mundo.

Todos contra la jueza que, sin embargo, ha decidido mantener la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un delito de prevaricación administrativa. Y eso a pesar de que, tanto la Fiscalía, bajo el mando de Lola Delgado, como la Abogacía del Estado, que dirige Consuelo Castro, han pedido ante la Audiencia Provincial de Madrid el archivo de la causa. Franco tendrá que declarar el miércoles en el juzgado en calidad de investigado.

A la magistrada, como es lógico, no le han gustado nada las presiones y este martes, en un nuevo auto, ha arremetido contra las instituciones del Gobierno por sus "demoras" y "reticencias" para entregarle la información solicitada. "La razón a esto (al establecimiento de plazos para la entrega de la documentación, algo que criticó Consuelo Castro), que efectivamente se corresponde con la realidad de lo actuado tal y como se desprende de autos, se encuentra en las demoras que algunos órganos oficiados transmitían a la Policía Judicial sin causa justificada y que los agentes transladaban a esta instructora", ha señalado.

Mientras, el Gobierno continúa con la farsa del número de fallecidos. Ni son 27.000 como dice, ni sigue las indicaciones de la OMS, como han asegurado en varias ocasiones el presidente Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón. El Gobierno sólo contabiliza los fallecidos que han sido diagnosticados con test PCR, mientras que la OMS dice que se contabilicen también los casos sospechosos de coronavirus y no sólo los confirmados por test.

En definitiva, el número de muertos por la pandemia es muy superior al oficial -recuerden que Sanidad ‘resucitó’ a 2.000 de una sola tacada- y se acerca más a los 50.000, tal y como hemos ido publicando en Hispanidad utilizando datos oficiales del Instituto de Salud Carlos III.