El conflicto laboral de Endesa, que tuvo su mayor escenificación en la Junta de Accionistas sigue latente y más este martes, cuando se reúne la Comisión Negociadora del V Convenio Colectivo. Ahora, tras el vaciamiento de la antigua gran energética española, Enel entra en conflicto con los sindicatos CCOO y UGT, incluidas sus cúpulas.

Y es que Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) están dispuestos a llevar el conflicto a la esfera política y de hecho, este último ya se ha reunido con diputados y senadores. Pero claro, en todo esto no es baladí que ahora hay Gobierno en funciones y que la Mesa del Congreso se constituirá el próximo 21 de mayo, el primer paso para conformar las nuevas Cortes.

Y con la misma tesis que Hispanidad: denuncian que tras el vaciamiento, sólo queda la venta al mejor postor

Los sindicatos mantienen la misma tesis que Hispanidad, pues denuncian que tras el vaciamiento de Endesa, sólo queda la venta al mejor postor. Un vaciamiento que se refleja en el proceso constante de descapitalización, la desinversión, la externalización de actividades y cómo no, el jugoso dividendo que se llevan los italianos de Enel al ser dueños del 70%.

Como bien saben, el conflicto ha surgido por el fin de los beneficios sociales (con aval de la Audiencia Nacional incluido) de trabajadores activos y pasivos, y lo difícil que está siendo sacar adelante el V Convenio Colectivo (llevan más de 50 reuniones… y nada). Estos beneficios no son luz gratis, sino descuentos en sus tarifas eléctricas que en realidad son salario en especie que recibían los 9.000 trabajadores activos y 26.000 pasivos, según datos de 2017. Pero la AN avaló que al haberse extinguido el último convenio, Endesa podía retirar estos beneficios a los que no tienen contratos en vigor cuando acabe el periodo de ultraactividad (o sea, el 30 de junio), ahorrándose 711 millones de euros que podría destinar a otros fines. 

Prometen politizar el conflicto del fin de los beneficios sociales, que afecta a 9.000 trabajadores activos y a casi 27.000 jubilados

En las reuniones de los dos meses anteriores, Endesa ha planteado “límites razonables” a los consumos de los empleados y resolver el tema fuera de tribunales. Claro que los sindicatos, que han recurrido ante el Tribunal Supremo, prefieren esperar un fallo que podrían tardar años. Decisión que no es baladí y más teniendo en cuenta que una de las magistradas de la Sala de lo Social de la AN, la suplente María Carolina San Martín Mazzucconi, colabora con el bufete Sagardoy, el mismo que defiende a Endesa. Los sindicatos además se agarran al voto particular de la magistrada Emilia Ruiz-Jarabo, presidenta de la Sala de lo Social, quien alegó que un beneficio social no se puede suprimir de forma unilateral, aunque sí puede ser objeto de compensación.

Los empleados reciben el apoyo del Ayuntamiento de Alto Arán (Lérida), un municipio situado en el Valle de Arán: insta a Endesa a mantener beneficios sociales

Paralelamente, los empleados, tanto activos como pasivos (algunos de los cuales también son accionistas), han recibido el apoyo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Alto Arán (Lérida), un municipio situado en el Valle de Arán. Por mayoría absoluta, con el voto a favor de ocho de los nueve concejales, ha instado a mantener los beneficios sociales de los trabajadores como salario en especie de más de 500 jubilados de la zona de Pirineos, 9.000 de toda Cataluña y casi 27.000 de toda España. Veremos qué sucede, pero no sería de extrañar otra huelga general en Endesa como forma de protesta y más dada la estructura profesional que impera en la compañía (ver vídeo inferior).