Contra el cierre de la central nuclear de Almaraz y a favor de su prórroga, se siguen sumando voces. Tras la de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ahora se han manifestado los casi 40 pueblos extremeños que resultarán más afectados si se cierra, subrayando “No nos resignamos” y han anunciado nuevas acciones de movilización social e institucional.

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Los alcaldes de Almaraz, Toril, Millanes, Serrejón, Bohonal, Higuera, Navalmoral de la Mata, Romangordo, Valdecañas, Belvís de Monroy, Mirabel, Plasencia, Serradilla, Rosalejo, Saucedilla, Casatejada, Valdehuncar, Tiétar, Casas de Millán, Jaraicejo, Majadas, Talayuela, Mesas, Pasaron de la Vera, Jaraíz, Peraleda, Torrecilla, Navalvillar, El Gordo, Robledollano, Castañar de Ibor, Fresnedo de Ibor, Campillo del Deleitosa, Deleitosa, Peraleda de la Mata y Malpartida de Plasencia han pedido tanto a las Administraciones Públicas como a las empresas (es decir, a las propietarias -Iberdrola, Endesa y Naturgy-) un diálogo que garantice la continuidad de la central y reduzca su elevada carga fiscal. Esta última asciende a 435 millones de euros anuales... y compromete su viabilidad económica.

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Estos alcaldes, en representación de más de 100.000 vecinos, han presentado un manifiesto que el regidor de Almaraz, el socialista Juan Antonio Díaz Agraz, ha leído a las puertas de la central. En el mismo, subrayan que se trata del principal motor socioeconómico de la comarca extremeña del Campo Arañuelo y que su cierre “tendría efectos devastadores para sus habitantes, provocando su empobrecimiento, pérdida de calidad de vida y, en última instancia, la despoblación de la zona”. Es más, lo consideran uno de los principales motores de desarrollo económico y social que da empleo a 2.900 personas (a las que se suman otras 1.200 cuando toca una recarga de combustible). También han subrayado que “no hay actualmente ningún proyecto empresarial en la región que pueda reemplazar a la central” y que si se cierra, “Extremadura perdería su principal fuente productora de electricidad y la capacidad de atraer nuevas industrias electrointensivas, que necesitan un suministro continuo, seguro y a precios competitivos”. Es más, añaden que “sin ese acceso seguro a energía eléctrica a precios competitivos, que la continuidad de la central puede asegurar, la provincia de Cáceres (la cual cuenta con 416.000 habitantes) no puede aspirar a actividad industrial de importancia”.

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Al mismo tiempo, los alcaldes de los casi 40 pueblos citados han referido que Almaraz no sólo es importante para Extremadura, sino para el resto de España: aporta el 7% de la demanda eléctrica de nuestro país, lo que equivale a 4 millones de hogares; evita la emisión de 6 millones de toneladas de CO2; es segura y fiable, y acaba de ser reconocida como una de las mejores del mundo por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés). También han recordado que en todo el mundo se está extendiendo la vida útil de las centrales y que el informe Draghi propone no sólo eso, sino también la construcción de nuevos reactores, por lo que “España no puede permitirse el tren del progreso y del desarrollo al poner fin a la industria nuclear”, la cual emplea a cerca de 28.000 trabajadores (entre directos, indirectos e inducidos). Además, han subrayado que “Almaraz es clave para la garantía de suministro, y los problemas de la semana pasada -cuando la parada técnica de la central nuclear de Ascó (Tarragona) conllevó la activación del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), con el consecuente paralización del suministro a la gran industria- demuestran la necesidad de las centrales nucleares para garantizar la autonomía energética de todo el país”. Y ojo, su cierre conllevaría un mayor uso de energías que sí emiten dióxido de carbono a la atmósfera (como el gas natural) y tendría un impacto en el precio de la energía.

“España no puede permitirse el tren del progreso y del desarrollo al poner fin a la industria nuclear”

Claro que las voces contrarias al cierre de Almaraz y partidarias de su prórroga, al igual que el resto de centrales, no sólo llegan desde Extremadura. A la Cámara de Comercio de EEUU en España, se suman Foment del Treball, la Comunidad de Madrid, la consultora PwC, Foro Nuclear (asociación que representa a la industria nuclear española), el exministro socialista Jordi Sevilla desde LLYC, Fedea, el PP... 

Lo importante: los que se manifiestan son los alclades de los pueblos más afectados por el cierre decretado por Teresa Ribera. Aunque, a lo mejor, más que al Gobierno deberían dirigirse al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán.