Estamos en la recta final de la campaña para las elecciones europeas y eso se nota en el Gobierno Sánchez. Por ejemplo, Teresa Ribera ya quiere mejorar la inversión en redes eléctricas, pues su Ministerio ha lanzado una consulta pública previa sobre la modificación de límites de inversión, algo que el sector energético le llevaba reclamando desde hace tiempo. Sin embargo, ella no acaba de aceptar, pues primero abrió la puerta a elevar dichos topes, pero meses después la cerró y no preveía cambios.

¿Casualidad? Por supuesto que no y muchísimo menos si uno recuerda al poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich Schiller, quien defendía que las casualidades no existen. Ribera no sólo es la vicepresidenta ecológica, por ahora, sino también la cabeza de lista del PSOE el 9-J... y aspira a comisaria europea.

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Parece que, por fin, Ribera se ha empezado a dar cuenta de los problemas de colapso en las conexiones de renovables y en el suministro que registran apagones, y también que se pierden millones en producción de renovables, dos asuntos que tampoco parecen preocupar mucho a Beatriz Corredor, la exministra y amiga de Pedro Sánchez que acaba de ser reelegida como presidenta de Redeia por otros cuatro años. De hecho, en la Junta de Accionistas de Redeia, Corredor ha considerado la citada consulta pública como “muy positiva”, así como que “una modificación o eliminación de dicho límite permitirá que alcancemos mejor los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)”. Claro que Corredor tampoco ha escondido su caradura, al destacar “el trabajo de la operación del sistema (eléctrico) integrando el 98% de la producción” renovable, haciendo que los vertidos sean menores al 2% (frente al tope del 5% fijado en la normativa). Sin embargo, dichos vertidos suponen un coste de miles de millones de euros, en concreto, 2.100 millones en 2023.

Volvamos al tema de los topes a la inversión. Hace poco más de un mes, José Bogas, CEO de Endesa, advirtió que es “crítico” y “urgente” invertir en redes... o será imposible la transición energética, algo que en su opinión pasa por “que se eliminen los topes a la inversión (ahora es del 0,13% para las distribuidoras -supone 2.000 millones- y del 0,065% del PIB para las redes de transporte -algo menos de 1.000 millones-). Al respecto de las redes eléctricas, Francisco Reynés, presidente y CEO de Naturgy, ha pedido aumentar el límite anual a la inversión en redes de distribución de electricidad. Más recientemente, hasta Arturo Gonzalo, CEO de Enagás, se ha atrevido a poner deberes a Ribera señalando que “si queremos más Europa, necesitamos más infraestructuras, o sea, más redes, y más recursos”. 

Desde el sector energético han llegado peticiones relacionadas con las redes por parte de José Bogas (Endesa), Francisco Reynés (Naturgy) y Arturo Gonzalo (Enagás)

En la citada consulta pública previa -que estará abierta hasta el próximo 3 de julio-, el Departamento de Ribera aspira a “actualizar el marco normativo que regula la aprobación de los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas transportistas y distribuidoras y los volúmenes de inversión a las nuevas necesidades derivadas de la transición energética”. Todo ello, con el objetivo de adaptar la regulación “a las nuevas oportunidades industriales y económicas que la transición energética representa para España a través de una mayor inversión en redes de transporte y distribución con la máxima eficiencia económica”. Veremos en qué queda el proceso, porque por ahora es sólo un pequeño primer paso, y que se escuche y se tengan en cuenta las peticiones del sector.