Los funcionarios españoles tienen la posibilidad de recibir su asistencia sanitaria o por la Seguridad Social ordinaria o por medio de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, un organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos).

A su vez, Muface deriva la prestación de este servicio sanitario en aseguradoras privadas. 

El Consejo de Ministros autorizó el pasado 8 de octubre la celebración de un nuevo concierto con la finalidad de garantizar la asistencia sanitaria del colectivo cubierto, que supera los 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. Para ello acordó incrementar la cuantía total de la contratación a 1.337.059.970 euros en 2025 y 1.344.553.098 euros en 2026, un aumento total del nuevo concierto de 303 millones respecto a 2024. Con dicha dotación, el concierto 2025-2026 ofrecía una prima del 17,12%, “la mayor de la historia desde que existen registros homologables”, explica Muface en nota de prensa. 

Hoy, día 5 de noviembre, terminaba el plazo para que las aseguradoras privadas presentasen las ofertas al concierto de Muface para los años 2025 y 2026. Sin embargo, según informa la propia Muface, la licitación "ha quedado desierta". 

Y es que a las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV --las tres que hasta finales de 2024 cubren la asistencia sanitaria de los funcionarios de Muface-- no les ha convencido la oferta del Gobierno (pedían un aumento de la prima del 40%) y se han retirado de Muface, por lo que este organismo ha anunciado que "iniciará los trabajos para una nueva licitación". 

Adeslas y Asisa han decidido seguir en Mugeju (que dan asistencia sanitaria a los funcionarios de Justicia, unos unos 560.000 en la actualidad) e ISFAS (a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, cerca de 92.000).

Por su parte, DKV ha señalado que "las pérdidas en caso de renovar ascenderían a 77 millones de euros en los próximos dos años, casi lo mismo que en los tres años del concierto anterior".

Es decir, que a finales de este año, 1,5 millones de funcionarios se quedarán sin la asistencia sanitaria de Muface, lo que significa que, si la nueva licitación también se queda desierta, tendrán que contratar un seguro privado o pasarse a la Seguridad Social, con lo que ello va a conllevar para la ya de por sí saturada sanidad pública española...

Como se preguntaba Hispanidad, ¿no será que en realidad quiera liquidar el modelo, como pretendió Podemos en 2021? Ese año, los comunistas de Unidas Podemos, que rechazan cualquier propuesta que huela a sector privado, presentaron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, para que los nuevos funcionarios sólo pudieran ser atendidos en la sanidad pública, lo que llevaría a la desaparición del modelo Muface...