Los agricultores de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se han lanzado contra los abusos de algunas distribuidoras alimentarias extranjeras. En concreto, han denunciado a la alemana Lidl y a DIA (controlada por el fondo de inversión LetterOne, que tiene su sede en Luxemburgo) por vender patata de cámara francesa como si fuera nueva española y encima están desestabilizando precios.

ASAJA ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es decir, al que dirige Luis Planas, que actúe en defensa de la patata española. Así ha reaccionado ante la campaña de Lidl con ofertas de patata a 0,90 euros el kilo señalando que es patata nueva española, pero se trata de un engaño, perjudicando tanto a consumidores como a productores de nuestro país. La patata nueva nacional tiene un precio de origen de 0,60 euros/kilo, por lo que no es posible que una cadena de distribución la venda tras los gastos de procesado, lavado, enmallado, etiquetado, transporte, etc. a 0,90 euros/kilo. Según las indagaciones realizadas por ASAJA, Lidl está vendiendo patata procedente de la campaña anterior (sometida a varios meses de cámara frigorífica) y francesa.

“Reclamamos que se cumpla la legalidad vigente, que se realicen controles y no se engañe al consumidor”, ha señalado el presidente de ASAJA, Pedro Barato. Asociación que también ha apelado “al sentido común y a la responsabilidad de la cadena alimentaria, y en especial de la distribución, para que no utilice la patata como producto reclamo, recurriendo a partidas de patata importada o de inferior calidad, tratando de desestabilizar los precios y presionar para que los cultivadores nacionales vendan a pérdidas”, y más cuando en los últimos años ha descendido la superficie cultivada (de hecho, España es deficitaria y debe importar patata para cubrir el consumo de cerca de 2,5 millones de toneladas, porque sólo produce 1,2 millones).

Por su parte, UPA ha denunciado el presunto fraude que se puede estar cometiendo por parte de las cadenas Lidl y DIA al vender patata de conservación como si fuera patata nueva española, y además utilizar presuntamente nombres de variedades de patata que no se corresponden con la realidad. Una situación que ha denunciado en varias ocasiones, lo que a su juicio “demuestra la impunidad con la que actúan diferentes empresas de distribución por supuesta venta a pérdidas con productos agrarios o con fraudes al consumidor por publicidad engañosa”. Ahora, UPA, a través de su alianza con Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Castilla y León, ha exigido a la Dirección General de Consumo de la Junta de Castilla y León, así como a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -que está adscrita al Departamento de Planas-, y al Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón que actúen de forma inmediata y lleven a cabo las acciones pertinentes para abrir expedientes y sancionar “contundentemente” a las citadas cadenas.