Lo confirma la primera opinión sobre el ingreso mínimo vital elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef): el ingreso mínimo vital (IMV) ha llegado a 284.000 hogares, el 40% de sus beneficiarios potenciales, 700.000, y cubre a tan solo el 22% de los hogares en riesgo de pobreza, lo que deja fuera al 60% de potenciales beneficiarios y al 78% de dichos hogares. Otro éxito del Gobierno. 

“Es una prestación que ha conseguido avances pero tiene un amplio recorrido para ser un instrumento potente de lucha contra la pobreza y la exclusión social”, explicó la presidenta de la autoridad fiscal, Cristina Herrero, aunque rechazó pronunciarse sobre si lo consideraba un éxito o un fracaso y prefirió no dar opiniones.

Según los datos de la Airef, si se cubrieran los 700.000 hogares, el coste anual se dispararía a 2.800 millones de euros. Además, desde la autoridad fiscal advierten que el 73% de las solicitudes resueltas se han denegado o inadmitido: las principales causas son el incumplimiento del criterio de renta, seguido de los requisitos de unidad de convivencia-empadronamiento.

Hace aproximandamente un año, ya advertimos en Hispandiad, que el Gobierno mentía, la que fuera la gran medida de Pablo Iglesias, su compra-vagos particular, era un desastre: los 337.000 expedientes aprobados alcanzaba a unas 800.000 personas, sólo un tercio del objetivo que se planteó el Gobierno. La gran medida no funcionaba, y parece que sigue sin funcionar. 

Mejoren o no los datos, con el Ingreso Mínimo Vital sigue existiendo la misma duda: ¿quién trabajará por 950 euros (SMI) cuando puede cobrar 1.015 sin dar golpe? Porque el IMV se da a cambio de nada, de ninguna prestación, se cobra sin límite de tiempo y ni se exige la obligación de coger un empleo si se lo ofrecen. Quizás sería más lógico exigir algo a cambio de esa prestación, cuidar ancianos o enfermos o limpiar calles. Pero claro, entonces no se crearían empleos, y es mucho mejor crear subvenciones, que dan votos.