La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publica el primer informe sobre la regla de gasto de pensiones. La AIReF pretende "ofrecer así un análisis independiente y completo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas", pero el Gobierno intenta complicárselo, por ejemplo con el Real Decreto 100/2025, de 18 de febrero, en el que su artículo 12 establece preciones normativas por seguridad jurídica y transcendencia económica. Dicho en otras palabras, la AIReF analiza, estudia y saca conclusiones, al Gobierno no le gustan, y cambia las reglas de juego para que le sean más favorables. 

En el Real Decreto aprobado en febrero se precisó que la AIReF debía tener en cuenta el gasto en pensiones actualizado con los datos observados, así como las medidas de ingreso que habría que habría que considerar para calcular la regla de gasto, según lo establecido en la Ley de Seguridad Social. La AIReF detecta "importantes debilidades en la definición de la regla, que está muy influenciada por el momento en el que se calcula, muestra una excesiva sensibilidad a los cambios y ofrece una visión parcial sobre la sostenibilidad al referirse exclusivamente al ámbito de la Seguridad Social".

A su parecer, "en ningún caso puede considerarse un indicador adecuado de la sostenibilidad del sistema de pensiones ni del conjunto del sector público mantener el gasto neto en torno a una referencia cuantitativa (13,3%) acordada entre España y la UE y sin anclaje en los principios de sostenibilidad, suficiencia y equidad intra e intergeneracional que deben guiar el diseño de un sistema de pensiones".

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, aseguró que la regla de gasto no puede considerarse un indicador adecuado sobre la sostenibilidad y merma la supervisión e independencia de la AIReF porque "nos dicen qué coger y cómo hacerlo

Además, la AIReF considera que esta regla "merma su capacidad de supervisión y su independencia". Por eso, señala que este informe no puede reemplazar a un análisis completo y detallado de las implicaciones del envejecimiento sobre la senda de gasto en pensiones y del impacto de las medidas de reforma implementadas en términos de la trayectoria de la deuda (sostenibilidad), la suficiencia y la equidad intergeneracional. Así, presenta también la actualización de su Opinión sobre la sostenibilidad de las AAPP a largo plazo, en la que aborda la sostenibilidad desde una perspectiva integral e independiente frente al enfoque parcial y restringido de la regla de gasto de pensiones.

En la rueda de prensa, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, aseguró que la regla de gasto no puede considerarse un indicador adecuado sobre la sostenibilidad y merma la supervisión e independencia de la AIReF porque "nos dicen qué coger y cómo hacerlo".

"Tenemos las transferencias del Estado por un decreto de 2025, pero no puede deducirse que todo son ingresos del sistema público de pensiones. Sólo tres décimas de 1,3 puntos pueden vincularse a los ingresos por cotizaciones o pensiones no contributivas", según Herrero. 

Volviendo al informe, la AIReF constata el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones, pero alerta de que "la sostenibilidad del sistema no ha mejorado respecto a las previsiones publicadas en el año 2023". De hecho, la institución estima un crecimiento medio del gasto en pensiones de 3,4 puntos de PIB hasta 2050, frente a los 3 puntos que estimaba hace dos años, pasando del 12,7% del PIB en 2022 al 16,1% del PIB en 2050, ampliándose de este modo la presión del gasto en pensiones.

Sitúan el gasto en pensiones en el 14,6% entre 2022 y 2050 y estima que las medidas de ingresos suponen el 1,4% del PIB en este mismo periodo, por lo que se cumple la regla de gasto establecida por el Gobierno, con un gasto en pensiones neto de medidas de ingresos del 13,2% en el promedio 2022-2050, inferior al 13,3% pactado con Bruselas.

Sin embargo, la AIReF advierte que esta dinámica, unida a la evolución prevista de las cotizaciones, implica que a lo largo del horizonte de proyección será necesario aumentar las transferencias procedentes del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central en 2,4 puntos de PIB. Este incremento, en ausencia de medidas, supondrá una minoración de los recursos disponibles para la financiación de otras políticas de gasto o el recurso al endeudamiento, lo que parece difícil de compatibilizar con las exigencias y compromisos derivados de los marcos fiscales europeo y nacional.

"Es perfectamente compatible que se cumpla la regla de gasto y que no mejore la sostenibilidad del sistema de pensiones", ha subrayado Herrero, que ha instado al Ministerio de Inclusión a que integre la regla de gasto en pensiones en la reforma para adaptar el marco fiscal nacional al nuevo marco europeo.

Además, proponen al Ejecutivo Sánchez "situar la sostenibilidad en el centro, garantizar planificación de medio plazo efectiva, realista y creíble e impulsar una reforma de las reglas fiscales que vaya más allá de los mínimos de la Directiva".

Es decir, el Gobierno, al incluir las transferencias del Estado a la Seguridad Social y cambiar las reglas, ha conseguido evitar el suspenso y darle una bomba de oxígeno a la insuficiente reforma aprobada la pasada legislatura por Escrivá. Pero la AIReF lo tiene claro, pese a que cada vez son mayores las cotizaciones que pagan empleador y empleado, esta dinámica de gasto es insostenible, por lo que será necesario aumentar las transferencias. Cada vez hay más pensionistas, con pensiones más altas, hay que sumar las actualizaciones con el IPC, el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad, todo ello nos da la tormenta perfecta: el gasto avanza más rápido que los ingresos, y eso es insostenible. 

Y ojo, al ser preguntada por la posibilidad de que el Gobierno no presente, de nuevo, presupuestos este año, Herrero ha hablado claro: le ha pedido que no "desprestigie" ni "devalúe" esta figura puesto quees el documento "más importante" en el que un Gobierno dice "qué es lo que pretende hacer en materia económica y fiscal". "Sin ese documento no sabemos lo que el Gobierno quiere hacer y se dificulta muchísimo la tarea de control en materia presupuestaria y fiscal".