Ignacio Araluce defiende el alargamiento de la vida de los reactores españoles y que tengan una retribución asegurada que cubra los costes y las inversiones
Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, ha echado por tierra el último argumento que usa la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera, para cargar contra la energía nuclear. Se trata de los problemas que están teniendo algunas nucleares en Francia y que les ha llevado a parar casi la mitad, aunque algunas ya están volviendo a funcionar o lo harán próximamente. Araluce ha subrayado que las nucleares francesas tienen “un diseño similar al de las españolas, pero la fabricación no fue igual”.
En un almuerzo informativo, el presidente de la asociación que representa a la industria nuclear española ha explicado que los problemas en Francia obedecen a que durante la pandemia dejaron tareas de mantenimiento para más adelante, que se les han juntado con otras, y encima, en varias unidades se detectaron defectos en las soldaduras (llamados stress corrosion cracking) de una línea del sistema de inyección de seguridad, lo que supone un problema de fabricación, y se decidió inspeccionar las de otros muchas. Mientras, en nuestro país, durante el Covid se alargaron algunas recargas de combustibles de 30 a 60 días para no concentrar a tanta gente en las centrales y se han inspeccionado pero no se ha detectado ningún problema como el francés.
Las nucleares no pueden vender energía a más de 67 euros/MWh y están afrontando unos costes de entre 59 y 64 euros/MWh. De estos, el 40% (23-24 euros/MWh) son impuestos, muchos de ellos redundantes y unos cuantos autonómicos, que “no son sobre beneficios ni ingresos, sino sobre producción”
Respecto al debate de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ y a las acusaciones de que las energéticas se están enriqueciendo, Araluce ha señalado que las nucleares “no estamos perdiendo dinero (como sucedía otros años, por ejemplo, en 2013, cuando tuvieron números rojos de 1.300 millones de euros), pero tampoco nos estamos forrando”. Asimismo, ha recordado que desde hace más de un año, el Gobierno aprobó un real decreto que incluyó la minoración de los ingresos extraordinarios de las centrales nucleares e hidráulicas en el mercado mayorista de la electricidad, por lo que ahora las primeras no pueden vender energía a más de 67 euros/megavatio hora (MWh) y están afrontando unos costes de entre 59 y 64 euros/MWh. De estos últimos, el 40% (23-24 euros/MWh) son impuestos, muchos de ellos redundantes y unos cuantos autonómicos, que “no son sobre beneficios ni ingresos, sino sobre producción”, y además se incluye la partida de la Guardia Civil que protege los reactores.
Araluce ha detallado que sólo en 2021 abonaron algo más de 700 millones en impuestos, sin sumar la tasa que abonan a Enresa. Y en este tema también hay una notable diferencia con Francia, donde los impuestos suponen unos 3 euros sobre un precio hasta ahora de unos 42 euros/MWh, frente a los 23-24 del caso español. La asfixia fiscal es una de las razones que llevó a las propietarias de las nucleares de nuestro país a acordar un calendario de cierres progresivo para entre 2027 y 2035, a pesar de que “técnicamente pueden funcionar más allá de los 40 años” de vida útil (que era un límite inicial de diseño, pero no técnico, y de hecho en EEUU, por ejemplo, ya hay licencias a 60 e incluso 80 años). Y a los costes, se suma que también hay que amortizar las inversiones anuales (unos 200 millones, a razón de unos 30 millones por reactor) para estar actualizados.
“No queremos precios altos, sino una retribución asegurada que cubra los costes y las inversiones todo el tiempo que funcionemos”, dado que la energía nuclear es necesaria: en 2021 aportó el 20,8% de la producción eléctrica con una potencia instalada de 7.100 MW, sólo por detrás de la eólica, que generó el 23,29% con una potencia de 30.000 MW
El presidente de Foro Nuclear ha defendido que aún hay margen para apostar por el alargamiento de la vida de los reactores españoles: para el caso de Almaraz, que será el primero en cerrar en 2027, el plazo para dar marcha atrás sería 2024. Una energía que ofrece seguridad de suministro, no emite CO2, no depende de factores meteorológicos, tiene una pequeña huella física y que es el mejor complemento de las renovables para reducir las emisiones, según multitud de expertos, a pesar de que a Ribera sólo le gustan las placas solares y los molinos de viento. “No queremos precios altos, sino una retribución asegurada que cubra los costes y las inversiones todo el tiempo que funcionemos”, dado que la energía nuclear es necesaria: en 2021 aportó el 20,8% de la producción eléctrica con una potencia instalada de 7.100 megavatios -MW-, sólo por detrás de la eólica, que generó el 23,29% con una potencia de 30.000 MW; y los siete reactores españoles operativos ya tienen vendida el 80% de la energía que generarán para 2023, el 60% para 2024 y el 40% para 2025, y Araluce prevé que los precios seguirán altos los dos próximos años y empezarán a bajar en 2025.
Y en este contexto, al igual que Ignacio S. Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, y Antonio Brufau, presidente no ejecutivo de Repsol, Araluce ha aludido a la seguridad jurídica, pidiendo “un marco estable y predecible” que no aumente las cargas que ya tienen. Asimismo, ha subrayado que para construir nuevas centrales nucleares “tiene que haber apoyo institucional”, algo que no hay a la vista de muchas opiniones de miembros del Gobierno (Teresa Ribera, Pedro Sánchez, Diana Morant...), por lo que los actuales propietarios tampoco están pensando en ello, y ojo, porque hace unos meses, Araluce apuntó que es un error cerrar los reactores españoles, porque para sustituir cada gigavatio se necesitan cinco o seis de fotovoltaica. Y no se puede olvidar que el mundo vive un renacimiento nuclear, también Europa, con planes de construir nuevas centrales en multitud de países (Francia, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia...) o decisiones que suponen alargar su vida útil (Alemania o Bélgica, por ejemplo), pero no España, por ahora, tristemente. Y los reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) se están convirtiendo en una apuesta en varios países porque requieren menor tiempo de construcción y menor inversión, entre otros aspectos.