Arturo Gonzalo Aizpiri está politizando Enagás hasta unos extremos que han despertado preocupación dentro del sector energético... y eso que sólo lleva unos meses como CEO, y justo cuando se acaba de estrenar el timo del tope ibérico al gas en el mercado mayorista de electricidad. De hecho, llegó el pasado 21 de febrero, en un movimiento con el que el Gobierno Sánchez obligó a Antonio Llardén a ceder todo el poder ejecutivo al nuevo fichaje y a quedarse sólo como presidente no ejecutivo, pero se está cansando de esta situación y podría incluso plantearse salir de una compañía en la que lleva desde 2007 y ha resistido el paso de gobiernos socialistas y peperos.

Con la llegada de Gonzalo Aizpiri, que sustituyó a Marcelino Oreja Arburúa, se consumó el asalto del PSOE y del Gobierno Sánchez a la compañía gestora del sistema gasista español (por ello, debería ser neutral y apolítica) y transportista de gas. Se trata de un doctor en Ciencias Químicas y escritor, que aterrizaba desde Repsol, donde trabajaba desde 1990 con varios paréntesis para ocupar cargos públicos vinculados al cambio climático. De hecho, tiene bastante cercanía con la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera, y con la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, a quien dio su primer trabajo. Gonzalo fue director de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid entre 1993 y 1995, cuando estaba dirigida por el socialista Joaquín Leguina; director de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente entre 2004 y 2008 siendo titular del mismo la socialista Cristina Narbona; y en este último periodo, coincidió con Ribera, que era directora general de la Oficina de Cambio Climático. Además, como se puede ver en su LinkedIn, ama el mundo antiguo y le apasiona la escritura: ha escrito La Trilogía de Aníbal.

El asalto del PSOE a Enagás se saldó con la salida de Marcelino Oreja de la silla de CEO y de todos los consejeros peperos, excepto Ana Palacio

El asalto del PSOE a Enagás, que inició una nueva etapa, también se pudo ver en el resto de la composición del Consejo de Administración. En concreto, se acordó la salida de todos los que tuvieran relación con el PP: el citado Marcelino Oreja Arburúa, CEO desde 2012 pero sin todas las funciones ejecutivas, que había sido exeurodiputado del PP y era hijo del exministro de Asuntos Exteriores de UCD, Marcelino Oreja Aguirre, primo del exministro del PP Jaime Mayor Oreja, y nieto del diputado tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui y del ministro franquista Manuel Arburúa. Pero también las de otros consejeros peperos: la exministra Isabel Tocino; el exdirigente popular Antonio Hernández Mancha (precedió a José María Aznar en la presidencia del PP); Gonzalo Solana, quien presidió el Tribunal de la Competencia cuando gobernaba Aznar; e Ignacio Grangel, que fue asesor del Ministerio de Energía siendo presidente Mariano Rajoy. Sólo se acordó la renovación como consejera de la exministra popular Ana Palacio, que convenció a sus compañeros de partido de que lo mejor que podían hacer era salir de la compañía (algo que se oficializó en la Junta de Accionistas de este año celebrada el pasado 31 de marzo), haciendo que Enagás fuera otra muestra del Sanchismo SA, es decir, de cómo Moncloa coloniza las empresas semipúblicas… y con las privadas utiliza el palo y la zanahoria. Y no se puede olvidar que en 2020, ya hubo bastante polémica con las incorporaciones como consejeros de los socialistas Pepe Montilla, Pepiño Blanco y del asesor podemita Cristóbal José Gallego (pese a que había apoyado varias campañas contra el gas).

Paralelamente, la compañía gestora del sistema gasista español y transportista de gas, que no tuvo un buen primer trimestre, presume de que la reversibilidad del gasoducto de Magreb ya está lista. Ojo, hay línea roja de Argelia: si una gota de gas argelino se envía a Marruecos, cortará el grifo del suministro del gasoducto Medgaz... y no se puede olvidar que el país africano es el segundo suministrador de España (EEUU ha aprovechado para convertirse en el primero y ser uno de los grandes beneficiados de la crisis diplomática, junto a Italia y Alemania).