Bacigalupo ejerciendo de 'esposo de' y en campaña electoral: la reforma del mercado eléctrico europeo no es novedosa por “los antecedentes regulatorios en España”

Mariano Bacigalupo, esposo de Teresa Ribera, también está en campaña para las elecciones europeas que en España se celebrarán el próximo día 9 y a las que su señora concurre como cabeza de lista del PSOE. Y es que sobre el reglamento de la mini-reforma del mercado eléctrico europeo ha señalado que “mirando antecedentes regulatorios en España no es algo que sea novedoso”, en un seminario organizado por Enerclub (el Club Español de la Energía) y la Asociación Española de Derecho de la Energía (AEDEN).

Es decir, el abogado ha aplaudido la gestión de Ribera y lo ha hecho en un contexto que no es baladí: a dos días de la cita con las urnas. ¿Casualidad? Por supuesto que no, si uno recuerda al poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich Schiller, quien defendía que las casualidades no existen. Bacigalupo ha destacado, por ejemplo, medidas de protección de los consumidores vulnerables que lanzó el Gobierno Sánchez antes que la Unión Europea. Asimismo, al hilo de dicha mini-reforma del pool eléctrico europeo, ha señalado que al final “la montaña parió un ratón o un ratoncito” y que el propio reglamento dice que la Comisión Europea debe hacer un informe antes de 2026 sobre dicha reforma, por lo que “no es un punto final”, sino que “el debate continúa” en el viejo continente.

Para Bacigalupo, al final “la montaña parió un ratón o un ratoncito” con la mini-reforma del mercado eléctrico, pero “no es un punto final” porque la Comisión Europea hará un informe en 2026... así que “el debate continúa”

Recuerden que en la mini-reforma del mercado eléctrico lo más destacable es: la apuesta por los contratos de compraventa de energía a largo plazo (los llamados PPA); los contratos por diferencia (CfD) para inversiones en nuevas centrales de energía eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica y nuclear (en esto último ha peleado mucho Francia y España ha tragado e incluso ha apoyado con hipocresía, pese a que dentro de sus fronteras quiere cargarse sus siete reactores sí o sí); y la creación de mecanismos de pagos por capacidad, un tipo de ayudas que incluirán que, de forma excepcional, se pueda cambiar la propuesta española de limitar su acceso a centrales que emitan más de 550 gramos de CO₂ -por ejemplo, las de carbón de los territorios insulares-.

Pese a ser consejero de la CNMV desde septiembre de 2022 (nombramiento que, por cierto, analiza el Tribunal Supremo desde hace unos meses), Bacigalupo insiste en seguir influyendo en el sector energético. Recuerden que llegó al regulador bursátil, tras haber sido consejero de la CNMC, donde trabajó desde 2006 y ocupó distintos puestos hasta llegar al de consejero, sin ningún problema ni siquiera cuando su esposa entró en el Gobierno el 7 de junio de 2018 como ministra. Nacido en Buenos Aires (Argentina), también es profesor titular de la UNED desde hace más de 24 años, al tiempo que vicepresidente de la Fundación Alfonso Martín Escudero, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho de la Energía (AEDEN) y miembro del consejo académico y codirector del Foro Energía y Regulación de la Fide Fundación, como se puede ver en su perfil de LinkedIn.

Bacigalupo también es conocido por su vinculación política al PSOE de Majadahonda (luchó por la secretaría general del partido en dicha ciudad madrileña) y su familia tiene cercanía con Felipe González, algo que no les ha impedido apoyar también a Pedro Sánchez. Asimismo, hay que recordar que es hijo de Enrique Bacigalupo, el abogado de Leo Messi desde octubre de 2014 (aunque su hija Silvina llevaba el día a día) y el que fuera magistrado del Tribunal Supremo entre 1987 y 2008, participando en el ‘caso Sogecable’, el ‘caso Filesa’ y el ‘caso GAL’, entre otros; y más recientemente, llevó la defensa de varios acusados por las ‘tarjetas black’ de Bankia. Además, Silvina Bacigalupo también está bien colocada, pues es la presidenta de Transparencia Internacional España, aunque es probable que a Ribera no le hiciera ninguna gracia que dicha organización apuntara hace unos meses que nuestro país se había estancado en la lucha contra la corrupción.

La influencia del marido de Ribera en el sector energético no es ningún secreto y por ejemplo, se vio hace un año, cuando la acompañó en la entrega de los XXXIII Premios de la Energía del Club Español de la Energía que se vio interrumpida por miembros de organizaciones ecologistas (Rebelión por el Clima y Greenpeace, entre ellas). En ese mismo escenario, el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, pidió a la vicepresidenta ecológica “un marco regulatorio que sea predecible”, no sólo para España, sino también para el resto de la Unión Europea (dado que a nuestro país le toca presidirla en el segundo semestre de 2023). Unas palabras que no eran baladí en ese momento, cuando el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio S. Galán, había pasado a una ruptura total con Ribera, mientras Bacigalupo intentaba poner orden en el sector energético y aumentar su influencia... a través de llamadas y de escritos, entre otros aspectos... y ejemplos de ello se podían ver en su propio perfil de LinkedIn, donde se hacía eco de una noticia sobre la nuclear (energía que detesta su esposa y que puede llevar a la pérdida de la central de Almaraz) y su deseo de operar más allá de 2035 con una rentabilidad razonable, pero también opinaba. Eso sí, ahora no hay que olvidar que entre Galán y Ribera no hay ruptura, sino todo lo contrario, después de que Iberdrola iniciara una guerra contra Repsol y contara con el respaldo de la vicepresidenta ecológia. 

Por cierto, no hay que olvidar que Ribera aspira a ser comisaria europea y se ha lanzado a dicha carrera dejando el sector eléctrico en el caos (por la falta de inversión en redes, principalmente) y sin competencia real. Eso sí, aprovechando la campaña electoral, Ribera ha mostrado que ya quiere mejorar la inversión en redes porque el Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado una consulta pública para cambiar los límites a la inversión, algo que desde el sector energético se venía reclamando desde hace tiempo, pero que la vicepresidenta ecológica no acababa de aceptar: primero abrió la puerta a elevar el límite, pero meses después decía que no preveía modificar los topes.

Por cierto, al hilo de dicha consulta en el mismo seminario que ha participado Bacigalupo lo ha hecho Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, catedrático de Derecho Administrativo de la UPM y consultor de A & O Shearman, quien ha referido que dicha consulta “llega tarde” y además “es sólo una consulta previa”. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ha subrayado “la insuficiencia de redes” en nuestro país y también ha criticado la larga tramitación de la reforma del mercado eléctrico europeo: desde que la iniciativa salió de la Comisión Europea en marzo de 2023 y se ha tramitado en el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han pasado 14 meses. 

En paralelo, de cara al 9-J, cabe referir que Ribera es la peor ministra repartiendo fondos europeos, porque su Departamento sólo ha pagado el 0,01% en 2024, según The Objective. Es decir, es el que menos dinero de los fondos europeos ha ejecutado. Asimismo, el Instituto Juan de Mariana ha advertido que la tasa de fondos europeos Next Generation EU ejecutados en España hasta ahora es un 75% menor de lo esperado y ha alertado de que, su efecto real a medio plazo, será más de un 50% más bajo de lo estimado en un principio por el Gobierno Sánchez. Además, dicho Instituto ha criticado “la falta de transparencia y la opacidad con la que se están comunicando estos desembolsos, así como los cuellos de botella burocráticos que atenazan su despliegue”… justo cuando algunos de esos fondos están cuestionados por el caso de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, mientras este no duda en atacar a los jueces. 

Por último, destacar que Ribera también tiene tarea en el ámbito de los carburantes. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -integrada por Repsol, Cepsa, BP, Galp, Gunvor y Seres-, la Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y Operadores Independientes del sector energético (UPI) han celebrado una jornada para alertar del problema del fraude fiscal en la distribución de carburantes y proponer medidas. De hecho, el fraude supera los 1.000 millones de euros anuales, lo que supone entre el 25% y el 30% de las ventas, según las estimaciones de las asociaciones citadas. Entre las medidas que proponen, la principal solución para atajar dicho fraude sería que se garantice el pago del IVA. Por su parte, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha subrayado “que el fraude fomenta una competencia desleal, que va en detrimento del propio desarrollo empresarial, y dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, lo que va en contra de la voluntad de las empresas del sector”. Y por cierto, para menos emisiones, recientemente, los sectores del transporte terrestre, aéreo y marítimo han defendido los combustibles renovable, que reducen más emisiones a menor coste.