Por tanto, el juez Calama ha decidido, en una rocambolesca conclusión de la instrucción, dejar libre al culpable de cargos, Emilio Saracho (derecha de la imagen), y pedir 6,5 años de cárcel para el inocente, Ángel Ron. Increíble pero cierto
Por el momento es el informe de la Fiscalía, pero tras una instrucción enloquecida del juez José Luis Calama, que ha durado más de 6 años, hay que temerse que la infamia se esté consumando, pues ya sólo falta el juicio oral.
Para Ángel Ron, expresidente del Banco Popular, así como para otros cuatro consejeros de la entidad y varios directivos, la Fiscalía pide entre 4 y 6 años de prisión. Para Ron, 6,5 años.
Por resumir, como en la larguísima instrucción no se ha conseguido demostrar nada raro, se acusa al Consejo del Popular de engañar a los inversores presentando unos falsos estados contables. Cuando digo que no se ha encontrado nada, me refiero a que los mismísimos peritos del Banco de España, elegidos por el juez instructor, dijeron que la entidad era solvente, viable y rentable y que en ningún caso se justificaba la intervención de la JUR europea (Junta de Resolución bancaria) y su 'venta' por un euro al Santander. No he dicho 1 millón de euros, he dicho un euro, con nocturnidad y bastante alevosía, la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017.
Y como no se ha podido encontrar nada, y como hasta el mismísimo Gobernador del Banco de España en el momento de autos, Luis María Linde, aseguró también en sede judicial que el Popular no tenía problemas, el instructor y la Fiscalía han decidido recurrir al delito de falsedad contable. Ahora bien, observen que este delito se aplica a una ampliación de capital de 2.500 millones de euros en la que el Consejo invirtió nada menos que el 20% del total. Es decir, que los consejeros del Popular para los que ahora se pide años de cárcel no sólo eran malos, sino que además eran idiotas. Estafaron a los accionistas y aprovecharon para estafarse a sí mismos.
Podría argumentarse, que, entonces, ¿por qué intervinieron el Popular? Dos cuestiones:
-En primer lugar, la JUR europea ya había intentado realzar su papel institucional interviniendo alguna entidad europea. Es más, tras el Popular intentó repetir la hazaña con el Monti dei Paschi de Siena, pero el gobierno italiano, menos tonto que el español de Rajoy, les mandó a freír espárragos.
-Segunda razón: el banco no fue liquidado por la ampliación de capital, fue liquidado por una presunta falta de liquidez. Y aquí viene lo bueno: Emilio Saracho, precisamente el presidente que sucedió a Ángel Ron y que parecía tener mucha prisa en declarar quebrado el Popular, no aprovechó la línea de liquidez que le ofrecía el Banco Central Europeo (BCE). Y, a más a más, cualquiera que entienda un mínimo de banca sabe que una entidad, en el siglo XXI, jamás quiebra por liquidez. Por falta de rentabilidad puede, por falta de solvencia, también y sobre todo, pero por falta de liquidez... no me hagan reír.
Por tanto, el juez Calama ha decidido, en una rocambolesca conclusión de la instrucción, dejar libre al culpable de cargos, Emilio Saracho, y pedir 6,5 años de cárcel para el inocente, Ángel Ron. Increíble pero cierto.
Ahora sólo cabe esperar que la Sala de lo Penal rectifique esta barbaridad.