El informe de la Fiscalía, al que te ha tenido acceso Hispanidad, es muy tajante en sus conclusiones: la instrucción no se puede cerrar el 29 de julio, como estaba previsto, y de ninguna manera el BBVA puede dejar de estar imputado como persona jurídica.

“Por lo expuesto, se considera, no sólo que resulta procedente la prórroga, sino que las causas que la justifican pueden mantenerse (de hecho se mantienen) a fecha actual, por lo que, siendo las mismas, resultará procedente la prórroga hasta que se puedan llevar a cabo con plazo razonable para, una vez presentadas, poder ser analizadas y efectuar alegaciones”, concluye el escrito.

En el documento -90 páginas-, los fiscales Miguel Serrano Solís y Alejandro Cabaleiro Armesto, dejan entrever su cabreo con el banco por no colaborar con la Justicia, aunque no lo dicen así, lógicamente. Por el contrario, lo justifican alegando que forma parte de la estrategia de la defensa.

“Para comprender lo expuesto ut supra, hemos de retrotraernos al inicio de la instrucción y la ‘aparente’ colaboración que de manera sistemática afirmaba la defensa de la persona jurídica investigada en todos sus escritos y que ha concluido en que toda la aportación documental haya sido consecuencia de la legítima estrategia de defensa de la misma, mediante la aportación sesgada y paulatina de diferentes documentos en que al tiempo que exponían a algunas personas evitaban a otras y, en todo caso, se conseguía una gran confusión y dificultad en la revisión de la documentación”, afirma el documento.

La Fiscalía, en cualquier caso, lejos de arremeter contra el BBVA por no colaborar con la Justicia, insiste en justificar su actitud alegando que es una forma legítima de defenderse, lo que no quita el profundísimo cabreo de Cabaleiro con la entidad que preside Carlos Torres, un cabreo extensible al juez Manuel García-Castellón, como hemos publicado en repetidas ocasiones en Hispanidad.

En definitiva, la Fiscalía le advierte al juez que no puede cerrar la instrucción porque todavía existe mucha información por escudriñar, información relacionada directamente con la causa y no, como pretende hacer ver el banco, tangencial al caso o sin fundamento objetivo.

Una de las personas clave citadas en el informe es la jefa de la Asesoría Jurídica del banco, María Jesús Arribas de Paz, citada a declarar el próximo 21 de julio, según Cinco Días, declaración que el banco pretende suspender por todos los medios alegando que lo que pretende la Fiscalía es indagar en el trabajo de la defensa de la entidad y no indagar sobre la causa principal del caso que es la contratación de Villarejo por la entidad.

Sea como fuere, resulta que Antonio Béjar, el directivo del BBVA que más ha colaborado con la Justicia y que fue cesado de su cargo, es el que más ha insistido a los magistrados para que llamen a declarar a Arribas porque, según él, lo sabe todo.

La otra conclusión del informe es que el BBVA no puede, de ninguna manera, dejar de estar imputado como persona jurídica, aspecto este que tiene a los consejeros con el corazón partido. Por una parte, si el banco es finalmente condenado, los Andrés Torrecillas, Jaime Caruana y compañía cobrarían el seguro de responsabilidad civil previsto en estos casos, mientras que si no lo es, pero sí alguno de ellos a título personal, tendría que hacer frente a la condena por sus propios medios.

Carlos Torres y Onur Genç, sin embargo, no lo ven de la misma manera ya que la hipotética condena del banco como persona jurídica supondría un golpe muy duro para ellos aunque no hayan estado ni siquiera imputados en la causa.