Para entendernos, al Gobierno no le preocupa la atención sanitaria de los 1,5 millones de funcionarios de Muface, sino la amenaza de huelga y, sobre todo, que los funcionarios afectados dejen de votar al PSOE. La atención sanitaria de esos trabajadores públicos les importa un bledo. Si no fuera así, no habríamos llegado a este punto crítico.

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Así las cosas, tras el polémico informe de Sanidad, en el que aseguraba que había llegado el momento de suprimir Muface y pasar a todos esos funcionarios al Sistema Nacional de Salud, el ministerio de Óscar López (Transformación Digital y Función Pública), ha lanzado este miércoles una consulta al sector para que las aseguradoras detallen a qué precio estarían dispuestas a trabajar con Muface. Tienen 10 días de plazo para contestar.

En definitiva, el Gobierno no quiere abrir otro frente que le puede salir muy caro en términos electorales y también monetarios. Porque, según Navarra Cofidencial, cada asegurado de Muface le cuesta al Estado 1.279 euros, frente a los más de 2.000 que le cuesta cada paciente atendido en la sanidad pública.