El juez Juan Carlos Peinado no cede ante las amenazas y sigue adelante con la investigación judicial y policial (algo de lo que se está encargando la Unidad Central Operativa -UCO- de la Guardia Civil) del rescate a Air Europa con dinero público. Todo ello a pesar de las últimas declaraciones del exministro y abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho; y de la propia esposa del presidente del Gobierno.

Vayamos por partes. Hace unos días, dentro del caso Begoña Gómez, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dio un vuelco al proceso al referir que investigará el rescate de la aerolínea controlada por la familiaHidalgo. De hecho, señaló que no hacerlo podría conllevar un delito de prevaricación o un delito de omisión de perseguir delitos, y solicitó a la UCO un nuevo informe sobre el citado rescate -el cual ascendió a 475 millones de euros por parte de la SEPI en préstamos ordinarios y participativos, a través de fondos europeos-.

El magistrado Peinado considera que el nuevo informe de la UCO puede arrojar luz sobre hechos nuevos y que los autos de la Audiencia Provincial excluyeron la investigación sobre Globalia y Air Europa “por los hechos ya conocidos”, no por los “realmente nuevos y de signo incriminatorio”. Como era de esperar, la Fiscalía (que depende del Gobierno, como reconoció el propio Pedro Sánchez hace unos años) se opone a que el juez siga adelante con la investigación del citado rescate. Algo que tampoco gusta a Antonio Camacho, quien sin el más mínimo reparo, señaló erróneamente que Peinado no puede seguir haciéndolo porque la Audiencia Provincial ya apuntó que no había indicios; ni a Begoña Gómez, que ha considerado asombroso que el juez insista en investigar el rescate de Air Europa (la cual estaba dirigida en el momento de la aprobación del saneamiento por su amigo Javier Hidalgo) y ha cuestionado su interpretación.

El magistrado señaló que no investigar el rescate público que ascendió a 475 millones podría conllevar un delito de prevaricación o un delito de omisión de perseguir delitos

En paralelo, cabe recordar que la UCO también investiga el crédito de 141 millones que le dio el ICO a la aerolínea de la familia Hidalgo, meses antes del rescate de la SEPI. Además, no hay que olvidar que el juez Peinado ha recibido en su contra tres querellas (una por parte de Pedro Sánchez, otra de Begoña Gómez y otra del periodista Máximo Pradera), pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no ha admitido a trámite ninguna de ellas, por lo que no han prosperado. Es más, en el caso de la querella de Begoña Gómez por prevaricación y revelación de secretos, la Fiscalía se opuso a la misma al considerar que se basaban en “meras apreciaciones subjetivas”.

Y por cierto, hay alguien bastante contento con que el magistrado continúe su investigación sobre el rescate de Air Europa: Luis Gallego, consejero delegado de IAG. Meses después de que el pasado agosto renunciara a la compra de la aerolínea poniendo la excusa de las autoridades europeas de Competencia, aunque el verdadero motivo era el caso Begoña Gómez, ahora tiene una doble excusa para salir de su accionariado (donde mantiene un 20%): la investigación judicial y la entrada de un grupo aéreo rival. 

El juez Peinado rechaza que el ministro Félix Bolaños declare por escrito en el caso Begoña Gómez el próximo 16 de abril sobre la contratación en el verano de 2018 de la asesora de Moncloa María Cristina Álvarez (a quien usó la esposa del presidente del Gobierno para asuntos privados)

En paralelo, el juez Peinado ha rechazado que Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, declarara por escrito en el caso Begoña Gómez el próximo 16 de abril sobre la contratación en el verano de 2018 de la asesora de Moncloa María Cristina Álvarez (a quien usó la esposa del presidente del Gobierno para asuntos privados). Es más, el magistrado le ha respondido que en 2018 era secretario general de Presidencia y no ministro, por lo que no tiene derecho a responder por escrito, aunque sí ha accedido a tomar declaración a Bolaños en el despacho que tiene en Moncloa y no en el de su Ministerio. Eso sí, en su auto, Peinado ha dejado patente su disconformidad con el trato que se le dispensó cuando acudió el pasado julio a Moncloa para escuchar al presidente del Gobierno como testigo en la causa contra su esposa: a la comisión judicial se la retuvo un tiempo superior al necesario, tras el primer control de acceso, y sin la protección de los agentes de la Policía Judicial (que habían accedido con anterioridad). Un auto al que ha respondido el exministro y abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, subrayando que él accedió sin espera de ningún tipo, “elevando la barrera paralela a la que estaba impidiendo el paso al vehículo” del juzgado.