El mundo al revés. El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, instructor del Caso Popular es como la montaña que dio a luz un ratón. Seis años y medio de instrucción para dictaminar que Emilio Saracho, el hombre que se llevó cinco millones del Popular, es inocente de toda culpa, mientras que Ángel Ron es culpable. Todo ello, y esto es lo más importante, contradiciendo la tarea de los propios peritos del caso, inspectores del Banco de España, que concluyeron que el Popular era un banco solvente y rentable. Que en ningún caso debió ser intervenido y cuyo valor patrimonial se elevaba a 11.000 millones de euros… Además de los 1.300 millones de euros que el banco valía en el momento de ser intervenido.

Y como resulta que los peritos contradecían a Su Señoría, Calama les ordenó, tal y como recuerda el propio Ángel Ron en el comunicado que ha hecho público tras conocerse el fallo (VER DOCUMENTO ADJUNTO), que no se puede analizar un ejercicio bancario con normativa contable de otro ejercicio distinto. 

Y lo que es todavía más llamativo, Emilio Saracho, el hombre que llegó al Popular, no para gestionar el banco, sino para venderlo al Santander, y que cobró cinco millones de euros por cuatro meses de trabajo, el hombre que ya siendo presidente dijo aquello de “No tengo ni puta idea de cómo se gestiona este puto banco”, que limpio de polvo y paja.

Pero hay algo que posiblemente sea más grave: el desprestigio total de la Administración española ante Bruselas, sede de la Junta Única de Resolución (JUR), y ante Frankfurt, sede del Banco Central Europeo (BCE). Con la intervención del Banco Popular, llevada a cabo la noche del 6 al 7 de junio de 2017, con nocturnidad y alevosía, se regaló el Popular al Santander por 1 euro. Esto es importante, porque lo que quería la JUR de Elke König era demostrar cómo actuar ante una crisis bancaria. Por un lado, evitar el escándalo de un banco que quiebra en plena Europa Occidental. Por otro, evitar que fuera el erario público el que se hiciera cargo del agujero. La primera idea es absurda: si un banco está quebrado, que quiebre y en paz. La segunda es una buena idea: que el agujero no lo pague el contribuyente. Ahora bien, la JUR hizo maniobras con fuego real… ¡con un banco que no estaba quebrado! sino que, como aseguran los peritos del Banco de España era “solvente y rentable”.

En definitiva, los 1300 millones de euros perdidos por los accionistas sería de justicia en el caso de que se tratara de un banco insolvente, sólo que no lo era. Pero la JUR presionó al Gobierno español de Mariano Rajoy y este, una vez más, cedió ante Bruselas. Especial relevancia tiene el hecho de que Luis de Guindos, ministro de Economía de ese Gobierno y hoy vicegobernador del BCE, aunque comenzara defendiendo al Popular, acabara por colaborar en la infamia, retirando del Popular las cuentas de organismos públicos. Eso contribuyó a agrandar la inventada crisis de liquidez del Banco Popular.

La JUR, ante el follón que se armó, intentó repetir la jugada, para asegurar el sistema, con el Monti dei Paschi di Siena. Pero, el Gobierno italiano les dijo que se fueran a freír morcillas que de sus problemas, y el Monti dei Paschi di Siena, sí que tenía problemas, se encargaban ellos. Los españoles somos así de idiotas.

A partir de ahora queda el recurso de los imputados, también está la auditora KPMG, que al igual que Ángel Ron, presentará recurso ante el juez Calama. Si no se atendieran sus razones, el asunto pasaría a juicio oral y se consumaría así una… de las mayores estupideces que haya cometido España en los últimos tiempos.