La factura por el almacén de gas Castor podría seguir engordando después del fallo de la Audiencia Provincial de Castellón -30 de noviembre- que absolvió a los dos máximos responsables de Escal UGS, la promotora del almacén, Recaredo del Potro (presidente) y José Luis Ramírez Dalmau (Ceo).

Florentino Pérez no está dispuesto a dejar pasar esta oportunidad y Escal, de la que ACS es el primer accionista con el 66,7%, estaría estudiando presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, por daños y perjuicios, según Cinco Días. Y es que la fallida concesión tenía una duración de 30 años e incluía un tipo de interés del 5% anual sobre una inversión de 1.500 millones.

Si finalmente prospera esta nueva demanda de ACS, la factura que tendrán que pagar los contribuyentes por la paralización del almacén de gas Castor superará los 3.050 millones de euros que acumula actualmente: 1.350 millones para indemnizar a los bancos financiadores, Santander y Caixabank (y Bankia), y 1.400 millones decretados en 2017 para indemnizar a ACS, más 100 millones anuales para financiar la hibernación del almacén.

Relacionado

Lo mejor de toda esta historia, sin embargo, está en su origen, concretamente en el contrato que firmó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -el decreto lo preparó Joan Clos y lo firmó su sucesor como ministro de Industria, Miguel Sebastián, en mayo de 2008-, que obligaba al Estado a indemnizar a ACS-Escal en caso de paralización del proyecto, como así sucedió. Una cláusula inaudita en el mundo de los contratos público-privados, que Florentino logró ‘colar’ con el Castor.

No solo eso, la persona que firmó el informe técnico que avalaba la construcción del almacén -no suponía ningún riesgo para la zona y sus habitantes- fue una tal Teresa Ribera, entonces (año 2009) secretaria de Estado de Cambio Climático y actual ministra para la Transición Ecológica.