El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado el desastre: la inflación en el mes de noviembre asciende al 6,8% y que, por mucho que nos digan que se modera, algo que ya explicamos que era una mentira, sigue siendo una tasa muy alta que sufrimos todos los españoles, porque aseguran que, cada mes, nuestros sueldos tienen un 6,8% menos de poder adquisitivo. Y lo que es peor, la subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), se queda en el 6,3%.

Pero este dato tiene más consecuencias, las pensiones contributivas subirán en torno a un 8,5% en 2023, algo que también afectará al Ingreso Mínimo Vital. El dato resulta de calcular la media del IPC entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. La Seguridad Social calcula que cada décima de subida de las pensiones tiene un coste de unos 150 millones de euros, por tanto, que suban ese 8,5%, implicará un gasto de aproximadamente 12.750 millones de euros. El Banco de España discrepa con el ministerio, y señala que cada décima supondrá un coste de 180 millones de euros, lo que se traduce en un coste de 15.300 millones de euros.

Esta subida ya estaba prevista en los Presupuestos Generales del Estado, pero como ya advertimos en Hispanidad, el Gobierno nos lleva a la ruina: casi el 40% de los Presupuestos se destinarán a pensiones. Dicho en otras palabras, el sistema está quebrado, cada mes marcamos récord de gasto en pensiones y las cotizaciones sociales de los trabajadores no dan para cubrir el gasto porque cada vez hay más pensionistas que cotizantes, es decir, más gente que cobra de la que paga, y a eso hay que sumarle el aumento de la revalorización con el IPC. Como no hay dinero que cubra semejante gasto, el Gobierno decidió destinar, además de una gran partida de los presupuestos, otros 39.000 millones que pagamos usted y yo también a cubrir las pensiones.

Y ojo, porque también está Bruselas. Ya lo dijimos, Europa ha advertido varias veces a Escrivá: o hay reforma que garantice la "sostenibilidad" de las pensiones o no hay fondos europeos. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, lo confirmaba por escrito, asegurando que la reforma del sistema de pensiones debe ser sostenible fiscalmente para poder recibir los fondos y que "si se considera que no se han cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos asociados a un tramo, suspenderá parcialmente el pago". Para entendernos, Gentiloni advierte de lo que todo el mundo ve: el sistema no funciona, la edad de jubilación debe aumentar drásticamente y las cuotas sociales que se pagan no se pueden sostener. Y lanza la amenaza: o se toman medidas, aunque le cuesten las elecciones a Sánchez, o no hay fondos europeos. 

Aunque claro, se abre otra posibilidad: que el Gobierno puede volver a engañar y no suba según el IPC en 2023... como no la subieron según el IPC en 2022. En esa ocasión, Sánchez usó a sus dos ayudantes en camuflar cifras: los ministros María Jesús Montero y José Luis Escrivá y las pensiones se revalorizaron según la ‘media móvil’ del IPC de los últimos doce meses y no según el IPC anual del mes de noviembre. Ejemplo práctico: el IPC de septiembre de 2021 fue del 4%, pero la media móvil de los últimos doce meses (septiembre de 2020 a septiembre de 2021) fue del 1,5%. Según dicha media, las pensiones subieron un 1,5, no un 4%. 

Y es que todos queremos que nuestros mayores cobren buenas pensiones y reciban parte de lo aportado durante su vida laboral. Pero no a cambio de quebrar la economía con impuestos y de dedicar el dinero que no tenemos a un pozo sin fondo sin plantear ninguna reforma, que es lo único que aseguraría la viabilidad del sistema.